Los dos partidos que conforman la oposición de Silleda conminan al alcalde, Manuel Cuiña, a desvelar cuánto supone cambiar las dependencias del consistorio, actualmente en la rúa Trasdeza, al inmueble de la Casa da Cultura. "Cuiña sabe exactamente lo que cuesta", apunta el edil del BNG, Matías Rodríguez da Torre, en base a que se hizo un estudio inicial con los arquitectos municipales y que situaría el gasto entre 500.000 euros y un millón. El silencio que mantiene el gobierno local -quien recalca que se hará un proyecto si en el referéndum del traslado gana el sí- desata las críticas también del PP, que considera que los vecinos "deberían conocer el proyecto y cuánto va a costar", explica el número 3 del partido, Ignacio Maril.
El referéndum se ceñirá a la pregunta de si uno está o no de acuerdo con el traslado de las oficinas. Para Da Torre, "es una consulta trampa, porque la gente no estará votando con conocimiento de causa". Lo idóneo sería que el ejecutivo local desvelase su coste e hiciese un plan plurianual para su amortización, "porque así puede decidirse si merece la pena la inversión para centralizar los servicios. Pero de esta forma, se está forzando a los ciudadanos a que voten alegremente".
Da Torre insiste en que desde el BNG se apoya el traslado del consistorio. Es más, "en el momento en que se cambie, tenemos proyectos para el actual concello, algo que a lo mejor ni siquiera tiene el gobierno". En esta cuestión, el popular Ignacio Maril pone en entredicho la posibilidad de que la Casa da Cultura pase, entonces, a estar en el consistorio. No tiene sentido que si precisamente las oficinas municipales se cambian en aras de una mejor seguridad vial, en un futuro sean los niños los que tengan que desplazarse al actual consistorio, ubicado en una curva bastante complicada y ya en las afueras del centro urbano.
Da Torre esgrime que si en las papeletas aparece el coste del traslado, él marcaría el sí. Pero el oscurantismo que mantiene el gobierno de Cuiña respecto al coste le invita a pensar que "tanto interés a lo mejor no es solo interés político". Teme, también, que el gasto que genere el traslado de las oficinas así como las obras en la Casa da Cultura para reconvertirla en consistorio se deduzca del gasto social, "y no queremos eso".
De prioridades también habla Ignacio Maril. Considera que el plebiscito "no viene a nada, porque no creemos que sea una prioridad" en las demandas de los vecinos. Teme que esta propuesta electoral del PSOE se transforme en un modo de "consumir recursos sin ton ni son", y añade que si bien el alcalde insistió varias veces en que no iba a gastar dinero en proyectos previos al referéndum, en realidad "va improvisando".
Moción sobre tesoreros
Por otra parte, el PSOE llevará al pleno del jueves una moción en la que propone derogar la normativa estatal, que elimina la cobertura de las funciones de tesorería por parte de concejales. Mientras se produce esa modificación legal, apuesta por que en los concellos de menos de 20.000 habitantes puedan desempeñar esa labor funcionarios del propio municipio o de la Diputación. El partido recalca que no tiene sentido que mediante un decreto se incluya entre las funciones de secretarios e interventores las de tesoreros, de modo que la misma persona puede fiscalizar y manejar la custodia de los fondos públicos.
