El director xeral da Administración Local, José Alberto Pazos Couñago, salió ayer al paso del anuncio que hizo el Concello de Silleda de interponer un contencioso-administrativo ante el TSXG por la demora en el nombramiento del secretario municipal, Manuel Quintáns. El cargo autonómico explica que existen dos problemas, "por un lado, una cuestión administrativa, según la que no produjo el nombramiento del secretario municipal de Silleda porque se detectaron irregularidades que tienen que ser esclarecidas. Por otro, durante ese proceso de aclaración se desempeñaron funciones [por parte de Quintáns] sin un nombramiento y para cuyo cargo no se está habilitado".
El director xeral insiste en que tanto el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, como el propio secretario "son los que tienen que aclarar por qué en mes y medio se mantiene en ese puesto" ya que, entre otras cosas, desde que tomó posesión como secretario de Aroche y hasta el día de hoy, Quintáns continúa además como secretario de este municipio onubense. Al parecer, Quintáns ya abandonó voluntariamente el Concello de Silleda "y supongo que estará en Aroche, en la plaza que tiene en propiedad", explica Pazos.
El alto cargo de la Xunta también replica la labor del Concello de Silleda y del secretario. Admite que hubo varias solicitudes pidiendo el nombramiento como secretario municipal de Trasdeza, "pero la primera solicitud se hizo fuera de plazo, y ese era uno de los problemas, porque es una plaza taxativa y si no se cumplen los plazos el secretario pasa a estar en una situación de excedencia forzosa, y no se permite el nombramiento". Desde la Dirección Xeral de Administración Local se pidió que se completase la documentación adjunta a la solicitud, que además "era de distinta naturaleza y contradictoria, en algunos casos". En lugar de completarse esos papeles, lo que se hizo -no se aclara si por parte del Concello o del secretario- fue retirar toda la documentación del registro oficial, lo que se detecta como otra irregularidad.
Fiscalía
Los afectados pueden hacer nuevas solicitudes para dicho nombramiento, "que se atenderá según las circunstancias", ya que Pazos entiende que hay unos antecedentes según los que podría darse "un posible delito de usurpación de funciones". La Dirección Xeral da Administración Local ya dio traslado de lo sucedido a Fiscalía.
Tanto el secretario como el Concello se quejan de que no se hubiese hecho efectivo el nombramiento el 1 de abril por defectos de forma. Volvieron a solicitar este trámite el 3 de este mes, apuntando además la posibilidad de que también se le declare interventor.
