El juzgado archiva las diligencias contra el ingeniero técnico del Concello de Lalín

La sentencia "no advierte ánimo de lucro ni fraude" en su informe sobre el proyecto de La Veneciana - Tampoco ve incompatibilidad entre su trabajo y la empresa de su esposa

29.11.2015 | 02:57
Ingeniería Geotecnia y Calidad SL tiene su sede social en Donramiro. // Bernabé/Gutier

La justicia ha decretado el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias abiertas al ingeniero técnico del Concello de Lalín José Varela Calvo por el informe que elaboró para el plan urbanístico de la compañía La Veneciana. El funcionario municipal se limitó a cumplir la ley y "no se advierte ánimo de lucro ni fraude" en su actuación, tal como dice una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Lalín con fecha de 2 de octubre de 2015. El fallo deja abierta la posibilidad de su impugnación mediante interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación directo en un plazo de cinco días.

Las actuaciones practicadas acreditan que los hechos objeto de la causa "no son constitutivos de delito", por lo que "procede acordar el sobreseimiento libre y archivo de las mismas". El informe emitido por el ingeniero técnico tuvo lugar "en el marco de un expediente administrativo en el cual su intervención la hizo como funcionario del ayuntamiento, y no como asesoramiento privado", reza la resolución judicial. Pero es que, además, "solo se limitió a advertir la necesidad de cumplir lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Contrato del Sector Público, es decir, que el proyecto debería incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar", añade. Por otro lado, en el proceder del trabajador municipal "ni se advierte ánimo de lucro ni fraude", sino que, al contrario, su actuación "es correcta desde el punto de vista legal". Y tampoco se hallaba en situación de incompatibilidad, ya que el 8 de enero de 1997 había solicitado del Concello de Lalín la declaración formal de compatibilidad, sin obtener respuesta, por lo que se entiende que "le fue estimada por silencio administrativo".

El caso surgió a la raíz de la intervención de José Varela Calvo, arquitecto técnico municipal del Concello de Lalín, en el expediente relativo a una modificación puntual del área de reparto (AR) 12 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), promovida por la inmobiliaria Portas y Acuña y que afectaba a su industria cristalera La Veneciana. La denuncia formulada aludía a una presunta "incompatibilidad" derivada del hecho de ser apoderado de la mercantil Ingeniería Geotecnia y Calidad SL (IG Calidad), de la que es administradora única la esposa de José Varela. El imputado informó en fecha 13 de marzo de 2013 en el sentido de que, a la vista de la documentación aportada al expediente, "resultaba precisa la realización de un estudio geotécnico", tal como consta en el escrito elaborado por la Fiscalía Provincial de Pontevedra. En el mismo también se refleja que el denunciado había solicitado, el 8 de enero de 1997, la declaración formal de compatibilidad al cubrir la plaza de ingeniero técnico. La petición "fue estimada por silencio administrativo", si bien "el Concello ha instado un procedimiento de revisión de oficio de la compatibilidad concedida". En cualquier caso, el fiscal sostiene que el imputado "no se encontraba, jurídicamente, en situación de incompatibilidad".

El ministerio público afirma que el arquitecto municipal "se limitó a cumplir con su deber de advertir la necesidad de aportar estudio geotécnico, con independencia de que la empresa solicitante fuera propiedad de un tercero o de su esposa. "Ni forzó ni facilitó la participación de la mercantil de su esposa aprovechándose de su condición de arquitecto municipal" -reza el escrito de la Fiscalía-, sino que se limitó "a advertir de la necesidad de cumplir lo preceptuado" en la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, su informe se encuentra "en el seno de un expediente informativo en el que informó como funcionario, y no en el seno de un expediente profesional de naturaleza privada al servicio de ninguna mercantil", concluye el fiscal al solicitar el archivo de la causa "por no resultar los hechos constitutivos de delito alguno". Pero el caso siguió adelante por la oposición de Portas y Acuña a su sobreseimiento.

Tras la resolución final, José Varela Calvo lamenta "las acusaciones infundadas" contra su persona "y lo que pudo afectar a la empresa familiar", administrada por su cónyuge, que le había "otorgado un poder".

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