A ESTRADA

A Estrada pide a Consumo un balance de los arbitrajes a sus afectados por preferentes

Los damnificados solicitan respaldo municipal para los buses que fleten para movilizarse - Demandan que el Concello recabe información sobre la magnitud global del "expolio"

21.03.2013 | 07:37
Imagen de la reciente movilización de afectados por preferentes en A Estrada. // Bernabé / Luismy
Imagen de la reciente movilización de afectados por preferentes en A Estrada. // Bernabé / Luismy

El Concello de A Estrada solicitó ayer al Instituto Galego de Consumo un nuevo balance acerca del número de arbitrajes solicitados por vecinos del municipio afectados por preferentes y subordinadas así como acerca de la cifra total de arbitrajes realizados y su resolución.

Así lo explicaron ayer el alcalde José López Campos y la portavoz socialista Belén Louzao, tras participar en la noche del martes en la comisión de seguimiento de las preferentes, en la que los representantes de la Plataforma Comarca da Estrada leyeron un comunicado que proponía fijar un pleno municipal extraordinario para abordar la "estafa masiva por participaciones preferentes" y obligaciones subordinadas para que el pleno pueda solidarizarse con los afectados y ayudarles a defender sus ahorros después de que "a través del engaño, la ocultación de información y la relación de confianza existentes les endosaron productos financieros inadecuados a su condición de ahorradores".

Finalmente, en la comisión -en la que también participaron los ediles Alberto Blanco (PP) y Xosé Magariños (BNG)- se decidió llevar el asunto al pleno ordinario. Antes el texto se llevará a una comisión de Organización. PP, PSOE y BNG mantienen su postura unánime de apoyo a los damnificados y el martes acordaron animar a los afectados a defender juntos sus derechos.

Los perjudicados pretenden que el pleno inste a la Xunta a apoyar sus reivindicaciones para que exijan al FROB y al Gobierno que le devuelva el 100% de sus ahorros sin quita alguna. También demandan que "gobierno gallego y Novacaixagalicia Banco" reconozcan públicamente "la mala praxis en la comercialización de estos productos a pequeños ahorradores".

La plataforma solicita además que la Xunta inste al Gobierno a que el "Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores inicien una campaña de inspección sobre la comercialización de productos financieros opacos y complejos entre personas ahorradores e inversores minoristas", diferenciándolos claramente de los "inversores profesionales" exigiendo "depuración de las responsabilidades".

Igualmente, pretende que la Xunta impugne la Ley 9/2012 de "expolio" a sus ahorros "y que presente un recurso de inconstitucionalidad". Demandan también que el Concello realice gestiones ante el banco para conocer el número de afectados, de solicitudes de arbitraje, de laudos resueltos favorablemente y el "total de dinero secuestrado y devuelto a los vecinos de A Estrada y su comarca para tener una información real y actualizada de la magnitud del problema". Demanda, además, que el Concello inste al Banco de España, al Ministerio de Economía, a la Comisión Europea, al FROB, a la Xunta y a Novacaixagalicia Banco a seguir resolviendo "a través del Arbitraje de Consumo todas las reclamaciones presentadas" por preferentes y subordinadas del citado banco hasta "la resolución definitiva de todas ellas". Finalmente, demanda "colaboración" económica municipal "para sufragar los gastos de alquiler" de buses para asistir a actos reivindicativos y manifestaciones por diferentes localidades.

El alcalde reiteró ayer que "todos" los grupos políticos locales "estamos para apoyarlos" y "comparten al 100%" las opiniones de los afectados como "personas engañadas". La socialista Belén Louzao dijo que el objetivo es que "los vecinos recuperen su dinero". "Deben reclamar lo suyo. En la mayoría de los casos se trata de familias engañadas cuyos ahorros fueron colocados en un producto bancario que era para inversores y no para ahorradores, lo que son los afectados", señaló, destacando la importancia de imprimir ritmo en la realización de los arbitrajes, ayudando a los afectados de la zona a que sus casos sean vistos y resueltos cuanto antes. Y el BNG destacó ayer a través de Xosé Magariños que es "importante" que los afectados sepan que los políticos están a su lado ejerciendo una "presión" sin la cual "hace tiempo que se habrían aplicado quitas". Cree que mantenerla es el modo de que el Gobierno "dé marcha atrás en el decreto que legalizaba el robo".

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