Amplia representación vecinal, discrepancia política y presencia policial. En la noche de ayer volvieron a darse los ingredientes característicos de una sesión plenaria en el Concello de A Estrada con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el orden del día. La presencia de efectivos de seguridad –tanto agentes de la Policía Local como varias patrullas de la Guardia Civil– al pie del consistorio minutos antes de las 21.00 horas corroboró las previsiones de una sesión tensa y caldeada, un carácter después confirmado en el desarrollo del pleno con diversas interrupciones y frecuentes intervenciones procedentes del público. La mayoría absoluta que ostenta el Partido Popular sacó adelante la supresión de la bonificación del 37,5% acordada en 2004 para todos los recibos del IBI. La oposición municipal que conforman PSOE y BNG votó en contra de la propuesta. Parte de los ciudadanos congregados en el salón recibieron la decisión plenaria al grito de "¡esto es un atraco!".
Le tocó al edil de Economía e Facenda, Alberto Blanco, ofrecer los motivos en los que se apoya el gobierno para justificar su decisión de modificar este impuesto eliminando una bonificación que se viene aplicando desde hace seis años. Comenzó diciendo que el Concello desea mantener los servicios que presta a los ciudadanos y continuó haciendo alusión a la difícil situación en que se encuentran las arcas municipales, con un resultado negativo de 114.000 euros que imposibilita el recurso a crédito. "El IBI es un impuesto en el que paga más el que más tiene", dijo. Inmediatamente después desde el público alguien gritó: "Es no es verdad, es mentira". Fue entonces cuando el alcalde, José López, hizo la primera de tres interrupciones para pedir corrección en el desarrollo de la sesión plenaria.
Blanco continuó reconociendo que existieron sobrevaloraciones que, a juicio del gobierno, pudieron ser mitigadas durante los 14 años que transcurrieron desde la última ponencia de valores catastrales. "¿Quién lo dice, qué papel hay, qué estudio?", preguntaron desde el público. El responsable de Facenda prosiguió explicando que el Concello pondrá a disposición de los interesados un punto de información catastral para que los afectados puedan recurrir esa sobrevaloración, toda vez que aseguró que el ayuntamiento podría revocar el impuesto ante casos con serias dificultades para hacer frente a su abono.
Alberto Blanco confesó que esta decisión "no es plato de gusto" y opinó que la situación económica del Concello deriva de la "gestión económica del bipartito". "No podemos pedir préstamos; no se puede invertir un solo euro en este Concello", añadió. Defendió que el ejecutivo realiza con esta decisión un "ejercicio de responsabilidad".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Belén Louzao, recordó que en su momento una fuerte movilización social hizo que todo el mundo reparase en la situación del IBI en A Estrada, señalando que ahora el gobierno del PP propone una subida "cuando no se cambió la situación". "Entonces os abstuvisteis", gritaron desde las butacas. Louzao prosiguió y subrayó que todos los grupos reconocieron errores en la valoración catastral. Pidió un debate y estudio entre todos de la situación para evitar un conflicto social e hizo hincapié en que la medida propuesta por el gobierno tendrá repercusión en el bolsillo de todos los vecinos. "Pagamos más todos, señor Blanco¨, matizó la concejala, que también aprovechó para recordar al grupo popular que los servicios que presta el Concello ya los venían prestando los gobiernos anteriores.
Incidió Louzao en que el acuerdo alcanzado en su momento era bonificar el IBI hasta que se produjese una nueva ponencia de valores. Criticó el modo en que el PP toma la decisión de suprimir esta bonificación y el momento en el que lo hace, apostando por centrar esfuerzos en aprobar el Plan Xeral. Su anuncio del voto en contra del PSOE a la supresión de esta reducción en los recibos del IBI se ganó el aplauso vecinal.
Posteriormente, la portavoz del grupo socialista también consideró que "ejercicio de responsabilidad no es subir los impuestos a los vecinos, no es hacer este atraco con premeditación". "Este no es el camino; no es el momento de atracar a los vecinos, y más aun desde una administración próxima al ciudadano que sabe cuál es la realidad de los vecinos", subrayó.
En cuanto al líder del BNG, Xosé Magariños, consideró que la situación económica del Concello "es preocupante pero no alarmante". Después aludió a la comparativa que estos días hizo el gobierno entre el tipo impositivo que se aplica en A Estrada –el mínimo legal, el 0,4–y el utilizado en concellos limítrofes o de su misma categoría. Señaló que si se aplicasen esos tipos a los valores catastrales fijados en el municipio, las cifras resultantes serían "desorbitadas". El portavoz nacionalista consideró también que las sobrevaloraciones catastrales detectadas en el ayuntamiento estradense "no están mitigadas".
Magariños manifestó asimismo que el IBI "no es un impuesto que dependa de la renta" y consideró que sería "una injusticia" que se suprima la bonificación acordada mientras no se revise la ponencia de valores que actualmente está en vigor. "Es normal que cada quien pague por lo que tiene, pero por lo que realmente vale lo que tiene, no por valores que están por encima de los valores de mercado", matizó el concejal. El representante del Bloque apuntó que la ciencia de la política está en la gestión de recursos escasos e hizo hincapié en que no variaron las condiciones que motivaron que se aprobase esta bonificación en los recibos del IBI.
Después de considerar el tema suficientemente debatido y con las posturas claramente definidas, el alcalde tomó la palabra para trasladar su impresión de que la situación actual dista mucho de la realidad del momento en el que se aprobó esta bonificación para los recibos del catastro. Recordó que la deuda actual del ayuntamiento es de 1,8 millones de euros y aseguró que "cada día son más los proveedores que llaman para saber cuándo se les van a pagar las facturas". Contrapuso a esta situación el escenario de un 2004 en el que se vivía una época de incremento en la recaudación de tributos, años con ingresos de 4,3 millones en concepto de participación en tributos del Estado y con liquidaciones positivas. Puntualizó que actualmente las facturas pendientes y la necesidad de devolver dinero al Estado se suman a déficits como el de los 350.000 que arroja el servicio de recogida de basura, los 250.000 del agua, 200.000 del alcantarillado o una escuela infantil que cuesta al concello 300.000 euros para recaudar 80.000. "Eso es un cambio sustancial", puntualizó José López, que quiso destacar que hace unos años había en el "cajón" 2,8 millones de euros ahorrados y hoy hay -114.000. "No tenemos el martillo de cuadrar las cuentas, hay que cuadrarlas con números", apostilló el primer edil.
El regidor local consideró también que la ponencia de valores "no es la solución". "Va a ser parte del problema", dijo, para seguidamente añadir que la nueva ponencia "no va a beneficiar a los vecinos; va a suponer un incremento mayor porque vamos a tener más parcelas edificables".
