El alcalde de Lalín, Xosé Crespo, presentó sendas propuestas de acuerdo para su debate en el pleno del próximo jueves en las que desestima los recursos ordinarios presentados por la empresa Sufi, concesionaria del servicio de limpieza, contra el acuerdo de sanción del concello por importe de 3.660,16 y 7.320,33 euros por la comisión de infracciones muy graves. Estas multas, que se elevan a 10.980 euros, se derivan del incumplimiento del contrato en lo referente a la colocación de 500 papeleras en el municipio y a la cifra y cualificación del personal de servicio, que era inferior a lo previsto.

Tomando como referencia un informe de la secretaría general del Concello de Lalín, el alcalde indica que se establecerá como sistema de cobro la deducción del importe de la sanción de las cantidades que se abonan regularmente a Sufi, teniendo en cuenta el carácter ejecutivo del acuerdo. Cabe señalar que la empresa percibe unos 80.000 euros mensuales por la limpieza y la recogida de basura.

Asimismo, la propuesta de Crespo recuerda a la empresa concesionaria la obligación de designar un representante legal en Lalín, así como establecer una sede en este concello y acreditar la representación de la misma delante de los representantes municipales con la documentación preceptiva.

Por último, el alcalde manifiesta que el posible acuerdo que adopte el pleno no excluye ni impide la posibilidad de que desde el concello se lleven a cabo otras acciones o derechos derivados del incumplimiento de las obligaciones del contrato firmado por Sufi para este servicio.

Estas sanciones firmes no contentarán a la oposición, que creen que el gobierno está siendo muy benevolente con la empresa y exigen la rescisión del contrato por todos los incumplimientos. De hecho, tanto PSOE como BNG sostienen que la empresa se ha ahorrado unos 600.000 euros a lo largo de todos estos años por contar con menos personal del exigido. No obstante, Crespo sostiene que hay que ir poco a poco y contar con material sancionador suficiente para romper el contrato y no recibir luego un varapalo judicial que obligue a indemnizar a la empresa. De hecho, el alcalde está dispuesto a romper la concesión si la empresa no cambia de actitud y cumple escrupulosamente con la oferta por la que ganó el concurso.