La idea central, y explicación teórica del diezmo, era la contribución de una décima parte de los frutos destinados "al mantenimiento del clero, sostener el culto, socorrer a los pobres, aliviar las necesidades al tiempo de calamidad". Las necesidades del rey eran otras de las explicaciones que se daban para recoger el famoso diezmo.

Con más o menos problemas, el cobro del diezmo se fue aplicando a lo largo de los siglos hasta que la llegada de los catalanes a Galicia como fomentadores, y su sentido del negocio, chocó frontalmente con el pago del mismo. De hecho, ya en la costa catalana, a mediados del siglo XVIII había surgido un movimiento en contra de dicho pago, amparándose en gran parte en el artículo 124 de la "Ordenanza para el régimen y fomento de la marinería matriculada", que salió en enero de 1751, y que provisionalmente ordenaba el cese de todo tipo de carga que no fuera real, hasta que el rey decidiese su restablecimiento tras demostrarse su legitimidad.

La cantidad de pescado que suponía el diezmo era distinto en cada zona. El historiador José Manuel Vázquez Lijó aclara algunos de estos conceptos: en Cariño suponía uno de cada 20; en O Barqueiro, una merluza por cada 27 pescadas; en el puerto de Espasante se pagaba un real de vellón por cada marinero; en el puerto de Santander se diezmaba en la Catedral por un pescado por cada barco; en Suances los monjes de la Cruz cobraban un 5% del producto de la pescada en razón del diezmo, etcétera.

Además, nuevos vientos soplaban desde las Cortes de Cádiz, con la clara intención progresista de abolir este canon a medias entre lo legal y la tradición.

Son ya clásicas las investigaciones de Antonio Meijide Pardo sobre los catalanes y las fábricas de salazón en las rías, de cuyas publicaciones tomo las notas acerca del pago del diezmo en la isla de Arousa.

Previamente a la negativa de los catalanes de Arousa a pagar el diezmo, habían sido sus colegas de Pontevedra los que en 1810 habían solicitado a las autoridades que se les retirara este impuesto producto de las sardinas capturadas "que entran en sus fábricas".

Al poco tiempo eran los salazoneros de la isla los que se oponían a satisfacer el diezmo del pescado a la Iglesia, que les exigían el cura párroco de San Julián de la isla y el prior de Vilanova en nombre del monasterio compostelano de San Martín Pinario, el cual ejercía la jurisdicción sobre la isla de Arousa .

El prior de Vilanova aducía en defensa del cobro del diezmo, que desde tiempo inmemorial se recibía dicho tributo de "los frutos de tierra y de todo género de pescado y sardina, cobrando por el diezmo de ésta un quiñón de la redada". Aducía que era obligatorio de todo buen cristiano pagar estos diezmos, y que los catalanes de la isla se negaban a pagarlo con la excusa de que "la mar es territorio libre y que si algún incauto lo paga es un abuso, lo que no se puede oír de boca de un español cristiano".

Aprovechaba su alegato para cargar contra los catalanes a los que acusaba de acaparar la pesca de la sardina mientras que los marineros se habían convertido en simples jornaleros.

Los firmantes de la negativa al pago, los catalanes dueños de salazones en la isla, Antonio Bargés, Juan Castañer, Lucas Colomer y Felix Jover Grau, aducían ante la Real Audiencia de Galicia que el pago del diezmo no era legal ya que no aparecía en los textos la obligación de pagar "de nuestras fábricas e industria de salazón, del fomento de nuestras artes, de nuestros caudales y sacrificios, el tal diezmo del que se habla; y menos, que de nuestra parte haya o hubiese habido la menor observación y, por consiguiente interrupción".

Alegaban además, que dichas sardinas eran pescadas con gran sacrificio "en islas despobladas y ensenadas que no son contenidas en los límites y términos de la parroquia de San Julián de Arosa", dado que los lugares de pesca de sardina estaban a cuanto menos dos leguas de distancia, y lo mismo con el congrio y otros pescados que llegaban a estar a cinco o seis leguas de la isla.

Tal como anota el citado historiador, el cobro de los diezmos del mar eran vitales para el sostenimiento de los párrocos de la ría de Arousa, recordando una información de principios del siglo XIX, según la cual "muchos quedarían incongruos si se les quitase el diezmo que de inmemorial tiempo se les paga, por lo reducido de sus curatos".

El historiador Santiago Santos Castroviejo comenta en su "Historia da pesca e a salazón", que "os conflictos coa Igrexia xorden, con respecto ós cataláns, en que os asalariados néganse a paga –los décimos, xa que nin peixe, nin aparellos, nin barcos son deles. Os patróns contratados, porque eles pescan para os cataláns, e o peixe é propiedade do comprador. A Igrexia, non llo podendo reclamar ós mariñeiros, reclámallo ós cataláns, que tampouco pagan, porque comercian e salan, pero non extraen productos naturais", atacándoles de que defienden sus intereses no reconociendo a la Iglesia la obligación de cobrarles, pero a la vez, no ayudan al pescador pobre "para a eliminación desta carga feudal".

Los pleitos de los fomentadores catalanes de la isla de Arousa continuaron hasta que finalmente, tanto el diezmo del mar como el resto de este tipo de cargas para con la Iglesia, son eliminados por ley en el año 1837.