La custodia de los niños no es el único motivo común de enfrentamiento entre los padres que deciden romper un matrimonio o una relación de pareja. De hecho, la propia Fiscalía de Pontevedra llamaba la atención en su memoria del pasado año sobre el preocupante aumento de los casos de escolarización de menores por orden judicial debido al conflicto que suele surgir entre los padres sobre el centro al que deben acudir los pequeños.
El Ministerio Público era muy crítico en su memoria con estos padres de los que indicaba que, en muchas ocasiones, "olvidan que es el interés superior de su hijo el más necesitado de protección".
Y es que la oposición de un padre o de una madre no privados de la patria potestad es suficiente para que tenga que abrirse un expediente de jurisdicción voluntaria para que sea un juez quien autorice o no la matrícula en caso de cambio de colegio, aún cuando esta oposición quede a las claras como una postura "caprichosa" que obedece más a una "rencilla" con el otro progenitor.
En este sentido, abogan por cambios legislativos que permitan que sea la dirección de los centros escolares quienes autoricen la matrícula de los menores aunque medie la oposición de alguno de los progenitores autorizando la opción más conveniente para los niños. De hecho, señalan que algunos colegios ya están optando por autorizar la matrícula de forma cautelar a la espera de lo que determine el juez.
Incluso las víctimas de violencia de género se topan con que su agresor puede entorpecer el cambio de centro si conserva la patria potestad.
