Cada vez que se produce un atentado terrorista que podría fácilmente haberse evitado, lo primero que se les ocurre a los gobiernos es dar una vuelta de tuerca más en el control de los ciudadanos.
Colocar aún más cámaras de vigilancia en cada esquina o exigir, como han hecho los belgas, que cualquier viajero tenga que identificarse al comprar un billete de tren o de autobús si va a viajar fuera del país.
No cabe duda de que algunos de los últimos atentados, como el llevado a cabo con camión en un mercadillo de Navidad berlinés, podrían haberse evitado si las autoridades hubiesen hecho bien su trabajo.
Su autor era conocido por la policía bajo varias falsas identidades, había cometido delitos -falsificación de documentos y tenencia de drogas-, estaba amenazado de expulsión, había pasado por la cárcel y, sin embargo, pudo moverse libremente por el país.
Una acumulación de chapuzas desembocó en el drama berlinés y, lejos de asumir las responsabilidades por lo ocurrido y ante el temor de una avalancha de críticas en un año electoral como es este, los partidos de la coalición han acordado nuevas medidas para tranquilizar a los ciudadanos.
La más polémica de todas ellas, con independencia de su eficacia, que tampoco está demostrada, es la de colocar grilletes electrónicos a los individuos "potencialmente peligrosos" como los que se obliga a llevar en EE UU a los delincuentes sexuales una vez cumplida su condena.
La legislación alemana no reconoce esa categoría de individuos, que podríamos llamar "criminales en potencia", sino que es un concepto del que se sirve la policía para designar a quienes podrían cometer en el futuro algún delito.
La aplicación, por simple sospechas, de grilletes electrónicos a esas personas equivaldría a un castigo previo a la comisión del delito, algo totalmente discutible desde el punto de vista del Estado de derecho.
Basta que la policía sospeche, por la razón que sea, sobre todo por su ideología, que un individuo pudiera delinquir en un futuro más o menos próximo para justificar una medida de control de los movimientos como es esa.
¿Por qué iba a detenerse la policía en los terroristas en potencia? ¿Por qué no aplicar también esa medida a otros individuos que pudieran resultar sospechosos por la razón que fuera?
Es una pendiente peligrosa que, como advierte "Der Spiegel", puede llevar a Guantánamo, donde a los reclusos no se los castigaba por delitos probados sino por simples sospechas. Con razón se ha hablado en ese caso de "limbo jurídico".
