También, entre bastidores, de la junta de gobierno, se habló de la propuesta que realizó el tesorero de la Diputación Provincial de Pontevedra sobre la revocación del convenio por el que el ORAL se encargaba de la gestión de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El informes rechaza la decisión del gobierno municipal para que el Concello de Cangas se quede con la gestión del citado tributo en vía voluntaria y el ORAL se siga encargado de la vía ejecutiva y de la gestión catastral. La propuesta técnica es que Cangas lleve todo una vez que quiere revocar el convenio suscrito entre las partes.
El concejal de Facenda, Mariano Abalo, quiere ser prudente y prefirió ayer no evaluar la posibilidad que plantea el informe técnico, mientras no llegue al Concello de Cangas una propuesta de la Diputación de Pontevedra por registro. Mañana los miembros del gobierno volverán a reunirse por esta cuestión.
Hay un plan B. Que el gobierno local fuerce un acuerdo político con el gobierno provincial, dadas las muchas afinidades que hay en estos momentos. Porque el informe del Tesorero no es vinculante para el gobierno provincial.
