Radares, cámaras o sensores de ejes: el Gobierno activa la auditoría a las bonificaciones de Audasa

La concesión de la autopista AP-9 a Autopistas del Atlántico (Audasa) está blindada con un buen ramillete de reales decretos que garantizan que, pase lo que pase, la concesionaria no incurrirá en números rojos –por el denominado principio de restablecimiento del equilibrio económico financiero– o que será compensada por el desgaste derivado de mayores tráficos. El penúltimo paquete legislativo de este tipo (RD 681/2021) fue promulgado en julio de 2021, casi en paralelo a la investidura de Pedro Sánchez, y fijó una serie de bonificaciones para usuarios de vehículos ligeros y camiones. Entre otros, incluye descuentos para viajeros recurrentes o que realicen la ida el mismo día y por idéntico trayecto. Solo en aplicación de esta norma, y hasta diciembre de 2023, Audasa ha ingresado ya cerca de 85,5 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La cuestión es: ¿cómo sabe el Gobierno cuántos vehículos tienen derecho a bonificación? La respuesta es sencilla: no lo sabe, y es la empresa concesionaria la que le remite sus cálculos y, en base a ellos, cobra del Estado. Madrid arranca ahora con un complejo proyecto de auditoría que ha de determinar si “los tránsitos bonificables proporcionados [por Audasa] son correctos”.

El trabajo será quirúrgico y recaerá en la compañía madrileña Alauda Ingeniería, que es la postora que ha obtenido la mejor puntuación en el proceso de licitación. El coste superará los 2 millones de euros por dos años, aunque el contrato es prorrogable por otros tres. En el real decreto que armó estas bonificaciones no estaba previsto un examen de estas características y el Gobierno solo había reservado una partida de 1,7 millones de euros “para el control de la aplicación de las bonificaciones de peaje” solo para el ejercicio 2021. Así que, al pellizco que Audasa ya da cada año a las cuentas públicas del Estado, hay que sumar una partida adicional: el erario público necesita instrumentos de control y no basta con fiarse de una empresa que, como analizó FARO, obtiene un tercio ya de su facturación de los PGE. Más de media docena de trabajadores de Alauda Ingeniería serán los responsables de certificar si la concesionaria está aplicando bien el contenido del real decreto o está cobrando importes de forma indebida, con un margen de error permitido del 1%.

Todo a revisión

“Realizará un análisis del sistema de peaje existente [...] con el objetivo de revisar la solución tecnológica implantada por la sociedad concesionaria”, reza el pliego de prescripciones técnicas. Se “centrará en la valoración de los sistemas utilizados para identificar los vehículos que tienen derecho a una bonificación”. En particular, esta empresa –salvo impugnación de las puntuaciones dentro del proceso de licitación– revisará por ejemplo los dispositivos OCR (Optical Character Recognition) instalados en la autopista, que son los que realizan la lectura de matrículas. Comprobará también cómo funcionan los sistemas de cuenta ejes o pisones (piezas ubicadas en el asfalto para el conteo mecánico de los ejes de los vehículos), para la detección de dobles neumáticos o sensores de altura. La auditoría, que también analizará los sistemas de VíaT asociados a cada tránsito, incluirá “cualquier otra comprobación que se estime necesaria” para certificar que el mecanismo de conteo de Audasa es “correcto”. El personal de Alauda realizará visitas in situ a los lugares donde están emplazados los dispositivos, cabinas de peaje y “sesiones de trabajo conjuntas con los técnicos” de la concesionaria.

Este contrato, denominado de “asistencia técnica”, habrá de facilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una auditoría inicial del sistema de peaje, una auditoría anual, un informe mensual, otro trimestral y una evaluación final. De modo que, al margen de cuestiones de confianza para con Audasa, y pese al expediente de infracción abierto por Bruselas, el Ejecutivo continúa trabajando en un escenario de no retirada de la concesión a la compañía, en vigor de momento hasta 2048. En lo que concierne al sistema de bonificaciones, Audasa devengó en 2022 cerca de 35 millones al Estado, un importe que aumentó hasta los 36,714 millones de euros en el ejercicio 2023. Supuso una subida interanual del 5,67%, muy superior al aumento de intensidad media diaria (IMD), de un 3,6%, cuyos datos aportó la propia Autopistas del Atlántico en la presentación de sus resultados anuales.

Eptisa Servicios de Ingeniería, TRN Taryet, WSP Spain-Apia y Antea Iberolatam fueron las empresas que, con Alauda, llegaron a la terna final de este proceso de licitación. Deloitte, Tekia, Sener e Idom fueron excluidas.

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