Marea de Vigo critica la gestión del gobierno local en la concesión del servicio de recaudación ejecutiva y lo responsabiliza de la precarización del servicio. Así, denuncia que la concesionaria se ha "descolgado" del convenio de empresa, caducado en 2015 y sin mostrar "voluntad" de negociar, y aplica el convenio sectorial estatal, que establece unas condiciones laborales "mucho más negativas".