Una demanda contundente y unánime. Los letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales) de los tres juzgados de lo Penal de Vigo han elaborado sendos informes en los que advierten de la "gran sobrecarga de trabajo" que asumen estas salas e instan una medida de refuerzo para todas ellas consistente en prolongaciones de jornada para funcionarios. La labor más conocida de estos tribunales es la celebración de juicios de delitos penales, pero más complejo, laborioso y voluminoso es el trabajo que también les compete de dar cumplimiento a las sentencias firmes. Y aquí es donde ponen sobre todo el acento estos profesionales, al alertar del "incremento considerable" de estas ejecutorias, detectándose un repunte en las pendientes. En sus informes resaltan asimismo de la naturaleza de muchos de los asuntos que tramitan, con "causas especialmente delicadas" como las de violencia doméstica y de género, litigios "voluminosos" que implican a muchos acusados u otros en los que se apreció un notable aumento, como los económicos -delitos de alzamiento de bienes, fraude fiscal, etc- "que revisten más complejidad y requieren mayor tiempo de trabajo".
Los informes de los tres letrados judiciales se incluyen en un escrito que el sindicato judicial SPJ USO ha presentado esta semana en la Xunta y que también remitió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El sindicato, ante "el aumento desmedido de litigiosidad", ve preciso crear un nuevo juzgado Penal en Vigo -el cuarto- y "de manera subsidiaria y urgente" insta las prolongaciones de jornada para funcionarios, una medida que ya hubo en estas salas con buenos resultados hasta que se suprimió hace más de un año, lo que derivó un "empeoramiento" de la situación y en un repunte de las ejecutorias pendientes.
La ejecución de sentencias supone gran carga de trabajo para estas salas. Cuando un fallo es firme, hay que ejecutar lo que ordena el juez: dar cumplimiento a los ingresos en prisión, retiradas de carnés de conducir, órdenes de alejamiento, pago de multas o indemnizaciones, realización de trabajos sociales... Y la peculiaridad de estos asuntos es que, una vez tramitados, se mantienen vivos en situación de archivo provisional hasta que el condenado cumple íntegramente su pena. Solo entonces se cierran definitivamente.
Uno de los letrados judiciales es contundente en el escrito en el que pide el refuerzo. Con la carga y tipología de trabajo actual, "no es posible tener un control efectivo de todas las causas que evite riesgos de error o prescripciones cuando cada funcionaria debe llevar más de 140 ejecuciones en trámite". Otra letrada también incide en ello: existe "imposibilidad por falta de tiempo" para la revisión "más periódica" de los casos en tramitación.
Crisis e indemnizaciones
Un ejemplo que ponen es que la crisis económica aún se siente, y mucho, en estos juzgados. "Son innumerables los procedimientos de reclamación de honorarios y derechos de abogados y procuradores", se señala en el informe de un juzgado, añadiéndose que se prolongan "al infinito" las ejecuciones de responsabilidad civil "dado las pequeñas cantidades que se obtienen para el pago de las indemnizaciones pendientes". Asimismo complica la labor una reforma legal que ha obligado a revisar numerosas condenas. Y recuerdan que las centenares de ejecutorias que están en archivo provisional -ya tramitadas pero a la espera de que los condenados finalicen de cumplir sus penas- también originan un gran trabajo por cuestiones como plazos, revocación de penas,etc... "Hay que tener en cuenta el gran número de condenadas que están cumpliendo prisión y que continuamente están presentando escritos en relación con sus causas", expone una letrada judicial.
Y el trabajo también va a más debido a los controvertidos nuevos plazos de instrucción, que provocará que a corto plazo un aluvión de casos se elevarán a estas salas para juicio. De hecho, se expone, en los últimos dos meses ya se notó el aumento de causas derivado de esta circunstancia.
