El juez rechaza la denuncia presentada por tres trabajadores contra la Universidad por permitir que un funcionario escribiese durante años mensajes de contenido sexista y misógino, así como insultos y amenazas, a través de una lista de correo comunitaria y en horario laboral. El titular del Contencioso Administrativo Número 1 entiende que los demandantes carecen de legitimación para reclamar la apertura de un expediente disciplinario contra el autor de los correos, que ejerce como jefe de sección en el Servicio de Gestión Económica. También rechaza su petición para que los responsables universitarios censuren de forma pública su conducta.
En el fallo, el juez señala que la Universidad ya valoró en su momento la pertinencia de incoar un expediente disciplinario al funcionario y que "rechazó su viabilidad" en aras de la libertad de expresión, por lo que los tres demandantes carecen de legitimación para impugnar dicha acción.
Señala además que la existencia de responsabilidad legal por parte del autor de los mensajes que los denunciantes consideran ofensivos y vejatorios debería dirimirse por otra vía legal. "Es en ese ámbito en el que debe discernirse si las expresiones satíricas, irónicas e incluso cáusticas proferidas por el denunciado se amparan en la égida de la libertad de expresión o si transgreden ese límite para traducirse en un ilícito civil o penal", sentencia.
El juez recuerda en su fallo que la Comisión de Igualdad de la Universidad mostró públicamente su reprobación y que el acusado cesó en su actitud tras recibir "una carta personal".
Por su parte, los tres profesores e investigadores denunciantes valoran si recurrir la sentencia. "Hay una acomodación excesiva a las necesidades y argumentario de la Universidad. La mirada sobre el caso es la misma. El juez no recoge ninguno de nuestros argumentos y el día de la vista no se admitió el testimonio de Iolanda Veloso, profesora entre 2000 y 2008, para explicar que estos correos ya se venían produciendo desde años antes a nuestra denuncia. La Universidad habla de un conflicto de partes, cuando hay una continuidad en el tiempo y todo el mundo lo sabía", explicaba ayer Ángel Gallardo.
"Solo la Universidad y el juez lo ven de esta manera, porque ya se han pronunciado en contra la Valedora do Pobo, el Consello Municipal da Muller, partidos y sindicatos políticos. El debate está ahí", añade.
"Estamos muy disgustados, decepcionados y preocupados. Se ha abierto la veda para que cualquiera pueda decir lo que quiera contra otro en la Universidad", lamenta Adela Sánchez, otra de las denunciantes.
El juez no les impone costas atendiendo, tal y como hace constar en la sentencia, "a las dudas de derecho que se derivan de la condición de legitimados de los demandantes y a la índole jurídica de la controversia".
Un punto sobre el que llaman la atención los demandantes: "Reconoce de alguna manera que hay una duda jurídica y también que es controvertido".
