Una beca escolar destapó un fraude fiscal millonario

La presunta trama del millonario fraude fiscal destapado en Vigo en empresas vinculadas a la construcción, tanto de obra pública como privada, era un "secreto a voces". Un particular acudió directamente a la Fiscalía con documentación, y otro al juzgado de guardia. Resultó ser el de Instrucción 6 que ha centralizado las investigaciones a más de 200 empresas por un fraude que podría rondar los 50 millones de euros. Una vez judicializado el caso de las facturas falsas, la Agencia Tributaria, que también lo investigaba desde un par de años antes, comenzó a presentar denuncias.

U. FOCES La sorpresa de un ciudadano rumano, con una larga trayectoria profesional en España pero que se encontraba en paro desde hacía tiempo, fue enorme cuando le denegaron la beca escolar que había pedido para su hijo. En una sucursal crediticia de Vigo, según le explicaron, había una cuenta a su nombre y en el último año había movido más de 300.000 euros. Furioso, puso el caso en conocimiento de la Justicia. Él carecía de ingresos. Llevaba un tiempo en paro y cobraba el RISGA –la Renda de Integración Social de Galicia–, una prestación social destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia.
Tirando del hilo, los investigadores llegaron a otras decenas de personas cuyas facturaciones hicieron saltar más alarmas. ¿Es capaz un autónomo, por muy trabajador que sea, de pintar él sólo 11.358 metros cuadrados de superficie –techos y paredes– en tan sólo un mes? La Agencia Tributaria lo considera "imposible", aunque dicho trabajador emitió una factura en 2007 por importe de 43.160, 40 euros.
Esta es solo una de los cientos de facturas que coteja la Inspección de Hacienda en la trama de las facturas falsas nucleadas en torno a la firma viguesa Las Cinco Jotas y su grupo empresarial, que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo y que habrían permitido defraudar al fisco casi 50 millones de euros entre 2006 y 2010. De momento están imputadas ya más de medio centenar de empresas ligadas al sector de la construcción, y casi un centenar de empresarios y gerentes de las firmas.
En el caso del ciudadano rumano al que denegaron la beca de su hijo, se descubrió que había trabajado durante muchos años –también como autónomo–, para el holding de Las Cinco Jotas. La investigación apunta que se utilizó la fotocopia de su DNI y la documentación que obraba en poder de la empresa para emitir en su nombre facturas falsas.
Como este ciudadano rumano, aparecieron otros muchos compatriotas que también resultaron ajenos a las facturas que se emitían en su nombre. De hecho, la juez archivó ya la causa contra 60 personas, la mayoría autónomos que habían sido utilizados y desconocían lo que ocurría.
Pero también han aparecido algunos autónomos de los que se sospecha que eran conscientes de las facturaciones falsas que emitían. Como pintores, electricistas o fontaneros que en tiempo récord realizaban trabajos en solitario que resultan "imposibles" de ejecutar por una única persona, según se recogen las actas de la Agencia Tributaria. Algunos de estos autónomos reconocieron ante la Inspección de Hacienda que carecían de personal asalariado, local y hasta vehículo apropiado para el transporte del material. Emitirían por tanto una facturación falsa para beneficiar a empresas que así desgravaban impuestos. En este grupo se encuentran las 145 personas jurídicas denunciadas por Hacienda por un presunto delito de falsedad documental.
Entre los imputados figuran varios directores de entidades bancarias. Muchos de los trabajos aparentemente ficticios, con facturas por importe de varios miles de euros en las que figuran simples conceptos genéricos, se cobraron mediante pagarés –de entre 25.000 a 50.000 euros– que no eran ingresados en cuenta, sino que fueron cobrados en ventanilla y en metálico.
También se ha investigado a varias gestorías con las que trabajaban. Los responsables de algunas de ellas manifestaron en sus comparecencias ante la Inspección de Hacienda que las facturas aportadas no eran realizadas por ellos, sino que eran sus clientes autónomos quienes se las entregaban, ya confeccionadas, trimestralmente para la confección de los impuestos.
La Agencia Tributaria desplegó ocho equipos de inspección para investigar la trama, y el número de implicados se eleva a 250 entre los imputados por falsedad documental y fraude fiscal, tanto en el IVA_como en el Impuesto de Sociedades, si bien podría incrementarse ya que la investigación sigue abierta.
Estos trabajos ficticios facturados presuntamente por decenas de autónomos a través del grupo empresarial de Las Cinco Jotas, habrían permitido a medio centenar de empresas constructoras, dedicadas tanto a obra pública como privada en toda Galicia y asentadas en las provincias de Pontevedra y A_Coruña, importantes desgravaciones en el IVA y en el Impuesto de Sociedades al engordar ficticiamente sus gastos. Algunas de ellas entrarond espués en concurso o liquidación