El peaje de la autovía portuguesa que une Viana do Castelo y Oporto y que utilizan miles de gallegos en sus desplazamientos por el Norte de Portugal podría incrementarse a partir de enero más de un 4%, según informa la Agencia Lusa. Así, de los 8,2 euros que cuesta actualmente un viaje de ida y vuelta, se pasaría a 8,5. El mismo porcentaje de subida afectaría también a la autopista A-3 que une Valença y Oporto y que pasaría de costar 16,3 euros (ida y vuelta) a 17.

El incremento previsto es de un 4,36%. Según la Lusa, ésta es la tasa de inflación que se recoge en el decreto ley y por la que se rige el aumento anual de los precios en los peajes de las vías de pago portuguesas.

Las empresas concesionarias de las autovías y autopistas tienen hasta hoy para enviar su propuesta de aumento al Gobierno. En todo caso, éste puede llegar a no aceptarlas o incluso congelar el precio al igual que hizo este año, cuando creó una legislación específica para impedir una subida.

La posibilidad de un aumento del coste de los polémicos "telepeajes" que el Gobierno luso implantó en varias vías gratuitas del Norte del país hace ya más de un año, contrasta con las dudas sobre la legalidad de este sistema de cobro. Además de las críticas desde la Xunta y de los empresarios gallegos, el propio presidente de la República Portuguesa, Cavaco Silva, pidió al Ejecutivo luso que aclarara el nuevo sistema de peajes en las Scut (autovías sin coste para el usuario). De hecho, el cobro en las autovías del Sur del país todavía no comenzó a aplicarse pese a que estaba previsto que ya estuviera en funcionamiento.

La propia Comisión Europea ha puesto también en duda su legalidad. Después de enviar una carta de emplazamiento a Portugal tras las denuncias de los empresarios gallegos y de las incesantes preguntas del europarlamentario del Partido Popular, Francisco Millán Mon, solicitando a la Comisión Europea que aclarara si eran legales o no, Bruselas acaba de amenazar con llevar a Portugal ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que la información remitida por el Gobierno luso es insuficiente.

"Portugal no cumplió con la obligación de comunicar a la Comisión información sobre el cálculo de los peajes para el recién introducido sistema", señala en el dictamen motivado que le remitió ya. "Si no informa en un plazo de dos meses de las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia", le advierte.

Bruselas avisa también al Ejecutivo luso de la ilegalidad en la que podría estar incurriendo. "No aplicar la Directiva (europea) de forma adecuada y no comunicar a la Comisión la información relevante, significa que los acuerdos sobre el peaje portugués corren el riesgo de contradecir los objetivos generales de la directiva, tales como la prohibición de la discriminación o el principio de que los peajes deben basarse únicamente en la recuperación de los costos de la infraestructura", sentencia.