El Índice de Desarrollo de Servicios Sociales (DEC) pone cada año cifras a la inversión, la cobertura y los derechos garantizados en una comparativa entre comunidades y revela las grandes diferencias que hay pese a que la desigualdad entre territorios se va mitigando. Una de las causas que explican las diferencias de cobertura tiene que ver con el gasto en servicios sociales que realizan las administraciones públicas, especialmente con el ejecutado por los gobiernos autónomos.

Según un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con datos de 2017 del Ministerio de Hacienda, la aportación de las administraciones autonómicas supera el 26%. Las cifras más bajas en la financiación de los servicios sociales locales se dan en Murcia, La Rioja y también Galicia, que ocupa el tercer puesto por la cola. En las tres autonomías el peso de la inversión autonómica es inferior al 18%.

En el otro extremo se sitúa Andalucía, la autonomía que contribuye en mayor medida a costear los servicios sociales de sus concellos y diputaciones porque casi la mitad de sus cuentas en este ámbito -el 45,6%- proceden de transferencias de la Junta andaluza. Destaca Asturias con un 44,5%. Cantabria, Navarra, Extremadura, País Vasco y Castilla y León se colocan también por encima de la media estatal.

Si se tiene en cuenta el presupuesto definitivo en servicios sociales que resulta de la suma de las aportaciones de autonomías y concellos, Galicia también aparece en las últimas posiciones. Con 274,91 euros por habitante y año, registra la tercera cifra más baja, solo por encima de los 251,16 euros de la Comunidad Valenciana y de los 262,39 de Murcia.

La inversión en la comunidad gallega se mantiene prácticamente sin variación desde 2015, año en el que se inició la recuperación tras los recortes de 2013. Aún así, el gasto actual en servicios sociales en Galicia está un 23% por debajo de los 339,69 euros de la media estatal. La diferencia es mayor y alcanza con autonomías como País Vasco y Navarra, que con 611,8 y 600,37 euros por habitante respectivamente, suponen el doble de la cuantía gallega.