La investigación de la Audiencia Nacional ante la posible existencia de un pacto de precios en Galicia para los combustibles queda, al menos de momento, a un lado. El Juzgado Central de Instrucción Número 4 acaba de decidir el sobreseimiento provisional y archivo de la causa porque "no ha quedado suficientemente justificada la perpetración de delito" por parte de los operadores del sector, incluidos cuatro de los más grandes: Repsol, Cepsa, Disa y Meroil. Aunque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a encontrar indicios de ese posible acuerdo en estaciones de servicio de la comunidad y también de País Vasco y Baleares, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) les restó transcendencia y la Audiencia Nacional hace suyas las conclusiones del superregulador. "Sin perjuicio -añade- de su reapertura para el caso que se hallaran datos o indicios que así lo aconsejen".
Todo empezó hace casi cuatro años, en mayo de 2013. La antigua Comisión Nacional de la Competencia, integrada hoy en la CNMC, abrió un expediente a las principales compañías de distribución de carburantes "sobre supuestos indicios de colusión en los precios de venta al público" y detectó "acuerdos de diversa índole" entre ellas para "influir" en las tarifas en varias localidades españolas. Incluido el llamado "efecto lunes": las petroleras investigadas abarataban gasolinas y gasóleo "previo acuerdo" porque ese es el día en el que comunican sus precios a la Comisión Europea.
En febrero de 2015, el supervisor declaró "acreditados" pactos de coordinación, de no agresión e intercambio de información A Repsol le cayó una multa de 20 millones de euros; 10 millones a Cepsa; 1,3 millones a Disa; y 800.000 euros a Galp.
A raíz de estos hechos y las sanciones administrativas, la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y el sindicato Manos Limpias presentaron una querella en la Audiencia Nacional por un presunto delito de alteración de precios. Entre las diligencias practicadas está un estudio comparativo de la evolución de los precios de los carburantes que realizó la UCO a requerimiento del juzgado. Tras el análisis a más de 1.100 puntos de venta de combustibles, con el foco en las autonomías, como Galicia, que arrastran los valores más elevados del Estado tanto en gasolina como gasóleo, la unidad especializada de la Guardia Civil encontró "un elevado paralelismo" en "los precios aplicados por distintas estaciones de servicio en determinados entornos de Baleares, País Vasco y Galicia".
La CNMC, sin embargo, descartó que "la sola evolución de los precios" pueda "ser considerada como evidencia suficiente de concertación entre competidores". De hecho, el organismo sostiene que "puede ser el resultado de un comportamiento racional e independiente". "En los oligopolios, las empresas no solo deben tener en cuenta su propia estrategia, sino también la de la competencia, puesto que dependen unas de otras", recoge el auto de archivo, en referencia al dictamen del superregulador.
La Xunta elaboró también su propio estudio sobre los precios en el sector para denunciar la falta de competencia en Galicia. En junio de 2014 se lo hizo llegar a los responsables de la CNMC, con la petición de que, precisamente, se resolvieran cuanto antes los expedientes abiertos en aquel momento alrededor de las tarifas de los carburantes.
