Hace dos años ya que el Consejo de Ministros abrió la puerta a que los servicios públicos autonómicos de empleo echaran mano de agencias privadas para la formación y colocación de los parados. El procedimiento se estancó porque las pequeñas empresas de trabajo temporal, las ETTs, denunciaron los criterios de selección y el tribunal estatal que vigila la contratación pública les dio la razón. Una vez solucionado el problema, las regiones iniciaron sus propios concursos a partir de la selección de firmas que pasaron la criba del Gobierno central. A finales de septiembre la Xunta sacaba adelante las primeras cuatro adjudicaciones, de las que tres están ya formalizadas.
El resto va más lento de lo esperado por las renuncias de algunas de las ganadoras. Concretamente, las agencias con mejor puntuación has desistido en los dos lotes del servicio en la provincia de Lugo -el destinado a los perceptores de la renta Activa y el que reunía a los beneficiarios de la Risga y otros colectivos de parados de larga duración- y otro en Pontevedra. En uno de los contratos de Lugo, además, hubo dos renuncias, con lo que se acaba de pedir la documentación definitiva al tercer posible candidato.
