El empresario Jorge Dorribo fue trasladado ayer en furgón a la cárcel lucense de Bonxe tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, por el quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas -no acudió regularmente al juzgado como tenía fijado- en el marco de la operación Campeón. Jorge Dorribo está considerado el cabecilla de una red que pretendía hacerse de forma fraudulenta con subvenciones del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), San José decretó su ingreso en prisión como consecuencia del "incumplimiento" de la medida de comparecencias semanales que en su día se había establecido, el "riesgo de fuga" y la elevada pena que solicita el fiscal -23 años de cárcel-. La magistrada había ordenado el pasado jueves su detención, aunque el acusado acudió ayer a los juzgados antes de que el arresto se hiciese efectivo.
Sobre las 10:50 horas de ayer, Dorribo estaba a la espera de comparecer ante la juez. Y apenas unos minutos después, sobre las 11:15 horas, un furgón de la Guardia Civil lo llevada a la prisión de Bonxe.
Preguntado sobre si le había llamado la juez para declarar, el principal imputado en la Campeón respondió: "Vengo por mí". Posteriormente, afirmó que se encontraba tranquilo tras pedir la Fiscalía más de 23 años de prisión por varios delitos en el marco de la causa instruida por Estela San José.
Por la operación Campeón, la Fiscalía solicita penas que suman más de 23 años de prisión para el considerado el principal acusado por diversos delitos entre los que se incluye tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, así como por falsificación de documentos.
Por un delito contra la hacienda pública en grado de tentativa considera el fiscal que procede imponer a Dorribo una pena de ocho meses de prisión; por otro contra la hacienda pública tres años y seis meses; por otro continuado de falsedad en documento mercantil dos años de prisión; por falsificación de certificado una multa de cinco meses con cuota diaria de 20 euros; por delito continuado de cohecho solicita una pena máxima de cuatro años y nueve meses de cárcel; y por blanqueo de capitales, dos años y seis meses.
A ello se suma por delito contable continuado siete meses de prisión; por insolvencias punibles, cuatro años de prisión; por dos delitos contra la hacienda pública, tres años de prisión por uno en 2010, y otros tres años por otro en 2011.
