Vodafone ha decidido bloquear los bonus de José María Castellano y otros dos exdirectivos de Ono tras la investigación abierta por la Agencia Tributaria de un presunto fraude en la compañía que adquirió el pasado julio. José María Castellano, que era presidente de Ono cuando también estaba al frente de Novagalicia Banco, y Rosalía Portela, directiva de toda confianza del primero, iban a cobrar un bonus de unos 25 millones de euros cada uno tras la venta de Ono, tal como estaba pactado en sus respectivos contratos. El director financiero, Carlos Sagasta, también tenía un bonus de 15 millones.

Por el momento, el pago de estas millonarias cantidades se paraliza, informaba ayer el diario digital El Confidencial. Vodafone también ha abierto una investigación interna, confirmó a Faro, tras "tomar el control de Ono", y "tener conocimiento de un posible fraude fiscal" en la firma que acaba de comprar. Los nuevos dueños de Ono ofrecen total "colaboración" con el Ministerio de Hacienda y defienden sus "buenas prácticas fiscales".

Sobre si ha decidido parar el pago de los bonus a Castellano, Portela y Sagasta, Vodafone prefiere ni confirmar ni desmentir la información. El Confidencial apunta que, según distintas fuentes, el que fue número dos de Inditex y desembarcó en Novacaixagalicia para traer inversores extranjeros y mantener la galleguidad de la caja fusionada, habría decidido no percibir sus 25 millones de euros, a la espera de que se aclare el escandalo.

El supuesto fraude en la empresa que presidía Castellano se habría hecho al no declarar el IVA en uno de los departamentos de tráfico de llamadas de la compañía de telecomunicaciones. La compraventa internacional de tráfico de llamadas presuntamente se hacía a través de una trama de sociedades fuera del balance de la compañía, y en consecuencia al margen de las cuentas a las que tienen acceso los auditores. La operación delictiva alcanzaría los 60 millones de euros.

Estas filiales facturaban supuestamente a Ono 250 millones de euros y la firma los hacía aflorar cuando lo necesitaba. Por ejemplo, en plena negociación de venta a Vodafone, le habría permitido forzar una mayor valoración de la compañía y, en consecuencia, ofrecer más ganancia a sus accionistas y directivos. La firma española fue vendida por 7.200 millones de euros y arrastraba una deuda de 3.000 millones.

Tres de los cuatro empleados que ejecutaban el supuesto fraude en el departamento se marcharon de la compañía cuando la Agencia Tributaria destapó el caso.

Antes del traspaso a Vodafone, la dirección de Ono ya sabía de la investigación abierta por la Agencia Tributaria, pero no habría informado a los futuros dueños. Incluso habría contratado a Ignacio Gordillo, que fue fiscal de la Audiencia Nacional, quien habría aconsejado colaboración total con Hacienda, incluido reconocer las irregularidades. Entonces, según la versión del diario digital, Rosalía Portela cambió de asesor legal, fichó al despacho de Uría y Ménendez, que le recomendó lo contrario. No admitir nada hasta que una investigación interna confirmase el supuesto fraude que denunciaba Hacienda. Sin embargo, la investigación interna se habría paralizado mediante una orden verbal para no dejar constancia.

Vodafone ha contratado a Deloitte para descubrir qué pasó realmente y si los directivos tienen derecho a los bonus. También ha fichado al despacho internacional de abogados DLA Piper por si hubiera de actuar judicialmente contra los responsables del fraude, si éste finalmente se confirma.

Deloitte habría requisado el ordenador personal de Rosalía Portela para comprobar si antes de la venta sabía que Hacienda estaba investigando a Ono. Portela, la número dos de Castellano en la firma de telecomunicaciones, había pactado quedarse un año en Ono para ayudar con la integración con Vodafone. Sin embargo dejó la empresa dos meses después de la operación de venta. No sería el único ordenador que inspeccionan.