Una semana para los zapatos de un mayor tutelado

La escasez de personal y la burocracia retrasan autorizaciones de pequeños gastos para la personas bajo el cuidado de la Xunta

Una cuidadora ayuda a subir unas escaleras a una mujer dependiente. |   // XOÁN ÁLVAREZ

Una cuidadora ayuda a subir unas escaleras a una mujer dependiente. | // XOÁN ÁLVAREZ

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Cada uno de los siete trabajadores sociales de la Fundación para la Tutela de las Personas Adultas (Funga) de Galicia tiene a su cuidado 460 ciudadanos incapacitados para tomar decisiones sobre su patrimonio, cuentas bancarias o autorizaciones médicas por mandato judicial debido a problemas de demencia, alcoholismo, drogadicción o similares. La autorización para pequeñas compras diarias requiere la superación de varios trámites administrativos hasta la firma final, que permitirá liberar 100 euros para un abrigo o unos zapatos. La falta de personal y la burocracia retrasan estas pequeñas operaciones incluso más de una semana en algunos casos.

Es la consecuencia de la carga de trabajo que asume el personal de esta fundación dependiente de la Consellería de Política Social, que tiene bajo su tutela a 3.114 mayores de edad incapacitados por mandato judicial, según los datos de su memoria correspondientes al año 2022. El equipo encargado de velar por su día a día se compone, según la misma fuente, de apenas 27 trabajadores, incapaces de asumir esa carga de trabajo, según fuentes conocedoras de la situación interna.

El departamento dirigido por Fabiola García alega que “actualmente se está tramitando una modificación del cuadro de personal de la Funga con la finalidad de incrementarlo”, sin concretar cuántos nuevos trabajadores se incorporarán. La falta de personal suficiente ha generado incluso críticas por parte de la Fundación Paideia, presidida por la empresaria Sandra Ortega, hija de la fundadora, Rosalía Mera.

Casuísticas

Las casuísticas que dejan a un adulto bajo tutela de la administración autonómica son múltiples. Existen mayores ingresados en residencias cuyo patrimonio es controlado al 100% por la administración autonómica. En otros casos, por ejemplo de personas con problemas de ludopatía, alcoholismo o algún trastorno mental, viven en sus propios domicilios y reciben una asignación económica para afrontar sus gastos cotidianos de alimentación u ocio. Pero es la Funga la que decide sobre la posible venta de un piso, la firma de un consentimiento informado para una operación quirúrgica o la retirada de 200 euros en efectivo para un viaje o ropa para afrontar el invierno, por citar algún ejemplo.

“Ningún trámite importante se ha retrasado. Nadie se ha quedado sin operar por no autorizar su expediente ni se ha perdido un viaje, pero las pequeñas operaciones sí se demoran, incluso más de una semana”, reconocen fuentes relacionadas con la Funga.

“El proceso de compra varía en función de la medida de apoyo que se le haya provisto a la persona en particular. Hay personas que no precisan de autorización ni intervención por parte de la Funga, otras tienen acceso a una cantidad de dinero periódica y otras sí necesitan autorización. Si están en un centro residencial, se concreta directamente con el centro el proceso”, aclara Política Social.

¿Cómo funciona uno de esos supuestos? Un ciudadano reclama al trabajador social encargado de su caso liberar un determinado dinero para una compra. Este debe evaluar la idoneidad de la operación. De ser aceptada, pasa al servicio jurídico-patrimonial y administrativo para tramitar la luz verde. En caso de que resida en un centro, es un trabajador de este el encargado de retirar el dinero y hacer la compra. En el caso de que viva solo, acude al banco con un documento que le permite acceder a la cantidad pactada y adquirir luego su bien.

El día a día

Los retrasos se producen cuando la carga de trabajo se acumula, pues cada trabajador social recibe unos 40 correos electrónicos o mensajes diarios relacionados con los 460 expedientes a su cargo, lo que complica una respuesta inmediata, pues además deben acudir de manera regular a los juzgados por cuestiones vinculadas a esas personas. Si una petición de gasto de una cuestión no prioritaria, como unos zapatos, se tramita un jueves y el trabajador social no lo ve y el viernes debe acudir al juzgado, no comienza a gestionarlo hasta el lunes siguiente y este debe pasar luego por manos administrativas hasta acabar en la mesa del director de la Funga, el único que legalmente puede autorizar el expediente.

En la actualidad, la Funga carece de máximo responsable tras el cese de Juan José Couce Prego, regresando a la situación de tres años entre 2015 y 2018 sin director, como publicó Praza.gal esta semana.

Desde Política Social sostienen que el nombramiento del nuevo director-gerente se realizará “en el menor tiempo posible” y niegan que cause parálisis alguna en el funcionamiento de la Funga. “La autorización de los gastos continúa desarrollándose con normalidad por otros profesionales de la fundación, por lo que las necesidades de las personas que reciben el apoyo de la Funga siguen estando cubiertas”, garantizan fuentes de la consellería.

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