Otro de los puntos analizados en la instrucción fue la desconexión del sistema más seguro, el ERTMS, allí donde estaba operativo, hasta unos cuatro kilómetros antes de A Grandeira, en junio de 2012 porque funcionaba mal en los Alvia. A ese respecto, el magistrado, pese a que sí cuestiona con rotundidad que el ERTMS no estuviera operativo en todo el trazado como había sido previsto en el proyecto original -y por ello, también en Angrois-, alega que el hecho de que fuese desconectado donde sí estaba operativo no supone un riesgo mayor para los usuarios pese a que llevarlo desconectado, afirma, "parece degradar la seguridad".

Pese a que Aláez, usando los argumentos de los peritos César Mariñas y Frans Heijnen, señala que no hay "razón legítima" que "evidencie" la "necesidad" de su desconexión -en otros trenes, por problemas similares, no se tomó tal decisión- y que más bien dicha resolución parece influida por objetivos diferentes al de la seguridad, como "evitar los retrasos del viaje provocados por las transiciones de ERTMS a ASFA", cree que no existen datos para afirmar que la desconexión del ERTMS "haya ocasionado una situación peligrosa para la vida e integridad física" de los viajeros, "tampoco en esos 79 kilómetros en los que estaba instalado". Por ello, señala que debe concluirse -aunque matiza que con "carácter provisional"- que dicha desconexión "carece de relevancia penal", pero únicamente ciñéndose al tramo donde inicialmente estaba operativo.

Asimismo, cree que al no estar el ERTMS implantado en el lugar del accidente, donde estaba el tramo más complicado por la brusca reducción de velocidad, el hecho de que estuviera desconectado en el resto de la vía tampoco es algo que pudiera propiciar el descarrilamiento.

Por otra parte, las víctimas agrupadas en la Plataforma Alvia 04155 mostraron ayer su "satisfacción" por la imputación de once ex altos cargos de Adif. A su juicio, los últimos informes periciales corroboran que "decisiones al más alto nivel dentro de Adif y Renfe, ambos dependientes del Ministerio de Fomento, comprometieron la seguridad de los viajeros". Por ello piden una comisión de investigación en el Congreso.