Un nuevo fracaso en el intento de cerrar la crisis del grupo municipal socialista que gobierna el Concello de Ourense en minoría. La nueva reunión que mantuvo la secretaria de Organización del PSdeG, Pilar Candela, junto con el secretario provincial y diputado autonómico, Raúl Fernández, con los dos bandos, por separado, se saldó sin ningún tipo de acuerdo, por lo que todo sigue igual, eso sí, "con la voluntad de resolver" el conflicto, como aseguraron al unísono Cancela y Fernández al termino de la reunión.

Y aunque el objetivo es "reforzar la gobernabilidad" del concello, como sostiene Cancela, lo que está claro es que los once ediles socialistas llegan hoy a los dos plenos extraordinarios más divididos si cabe, sobre todo después de lo acontecido ayer, con la celebración de la asamblea convocada por la secretaria de la agrupación local, Carmen Rodríguez, próxima al regidor, y sobre la que había una orden de aplazamiento por parte de los "órganos superiores del partido", en este caso la ejecutiva provincial, como recordaban los cinco ediles críticos, Rodríguez Penín, María Devesa, Susana Bayo, Mónica Vázquez y Alfonso Vilachá, que además advertían de su "ilegalidad" y de las posibles consecuencias que puede tener para los convocantes de la misma.

Una cuestión que no preocupa en exceso a la secretaria local, ya que no dudó en retar a la dirección del partido al proclamar: "Si me quieren expulsar del partido que lo hagan".

Los cinco ediles críticos fueron los primeros en reunirse con la secretaria de Organización del PSOE gallego, a la que expusieron sus argumentos, y mantuvieron que su hoja de ruta es inamovible, que pasa por "restituir en su competencias," a Rodríguez Penín, al único de los ediles al que cesó el alcalde después de que abandonaran el pleno en una votación sobre la compatibilidad de un funcionario, al haber discrepancias con los otros miembros del grupo socialista.

Después de mantener un segundo encuentro con los otros concejales, Pilar Cancela dijo confiar en "el sentido común y la responsabilidad de los compañeros" para resolver un conflicto que se enquista, para dejar la puerta abierta a una solución, pero sin fecha concreta en el calendario, y evitando hacer valoración alguna sobre la posterior celebración de la asamblea, que para unos es "ilegal", aunque apeló a la "libertad de expresión", y si es posible recomponer un grupo municipal que a día de hoy está totalmente roto y enfrentado.

Y mientras Cancela y Fernández intentaban rebajar la tensión, los cinco ediles críticos dejaban patente su total desacuerdo con la celebración de una asamblea, a la que asistió el regidor, y que aseguraban tenía como intencionalidad "escenificar una lucha interna que perjudica al partido", así como "escenificar un presunto apoyo de decisiones injustas".

Además de asegurar que la agrupación local "incurrió en una clara ilegalidad estatutaria", debido a que "desoyó las ordenes de órganos superiores en una clara huida hacia adelante" al adoptar decisiones que entienden van en contra de los estatutos del partido, al no desconvocar la asamblea que había convocado la secretaria general, Carmen Rodríguez.