No solo alcaldes, comunidades y diputaciones dicen no al nuevo mapa municipal diseñado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. La Comisión Nacional de Competencia (CNC), organismo autónomo adscrito Ministerio de Economía, se posiciona en contra de uno de los aspectos clave del borrador de la Ley de Bases del Régimen Local: el coste estándar al que debe prestar cada ayuntamiento sus servicios y que de no poder tendrán que ceder sus competencias a las diputaciones durante al menos cinco años.
En el informe que analiza el texto del Gobierno, la CNC aconseja al Ejecutivo que desista de establecer costes estándares porque "conlleva graves riesgos para la competencia" ya que, entiende, si Hacienda fija de manera unilateral el precio máximo de gestión de cada servicio (basuras, agua, transporte, jardinería, servicios sociales o emigración) llevará a las empresas a ajustarse a ellos "sin potenciarse rebajas".
De aplicarse finalmente los precios propuestos por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF),dependiente de Hacienda, en un informe que sirvió de base para el borrador de la ley, los ayuntamientos gallegos deberían rebajar el coste de sus servicios un 16% en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes y un 18% en los concellos de entre 5.000 y 20.000 vecinos.
Entre los más competitivos
Según los presupuestos liquidados de 2010, datos utilizados por el IEF para hacer una proyección del ahorro en la prestación de servicios municipales, a cada gallego le cuestan los servicios de su ayuntamiento 332 euros, 160 menos que la media nacional (-32,5%) y 56 euros por encima del coste estándar fijado por el organismo dependiente de Hacienda para los municipios de menos de 5.000 habitantes y 61 para los de entre 5.000 y 20.000.
Este dato sitúa los costes de los servicios comunes que prestan en la actualidad los concellos gallegos como los quintos más competitivos del país, por detrás de La Rioja (211 euros per cápita), Extremadura (268), Canarias (284) y Murcia (297).
Pero Competencia no está de acuerdo con la aplicación del llamado coste estándar que se propone desde el Ministerio de Hacienda. La CNC concluye que la fijación de estos baremos no incentivará la reducción de los costes, sino que aumentará el riesgo de una convergencia al alza de precios y tarifas para cobrar por los servicios.
Y al final, quienes lo terminarán pagando, advierte, serán "los usuarios finales o los contribuyentes". Por ello, propone como alternativa que solo se apliquen los costes prefijados en los casos donde la iniciativa privada no llegue.
