El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto que permite, por primera vez, que un ente público despida a su personal de manera colectiva. La medida afecta al personal laboral fijo -no a los funcionarios-, que los sindicatos cifran en unos 700.000 trabajadores en toda España. "No descartamos que modifiquen alguna ley para que también afecte a los funcionarios", reconoce Ramiro Otero (CC OO). Por ahora no es así, aunque el hecho de que el trabajador haya aprobado unas oposiciones no garantiza que mantenga su puesto de trabajo.
El máximo responsable de CSIF en Galicia, José Francisco Méndez, explica que "la mayor parte" de estos trabajadores están empleados en "ayuntamientos, diputaciones o entes instrumentales". De este modo, el mayor ajuste de plantilla se produciría en estos organismos, lo que coincide con la aspiración del Gobierno central de "reestructurar" la administración municipal y reducir su coste.
"Es muy difícil cuantificar el número de este tipo de empleados públicos porque cada administración los distribuye de manera muy distinta", señala Méndez. La nueva ley supone un cambio sustancial. "Son trabajadores con plaza y que han pasado un proceso selectivo y que antes estaban blindados como los funcionarios, pero ahora son susceptibles de ser despedidos". Los concellos, diputaciones u cualquier otro organismo público (o mayoritariamente participado por capital público) podrá justificar causas económicas, productivas u organizativas para presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, lo que implica el despido colectivo.
Para ello un ayuntamiento, por ejemplo, tendrá que justificar que ha recibido un 10% de transferencias públicas o que necesita acometer cambios en la estructura de su plantilla. La autoridad laboral competente no tendrá que aprobar o desestimar el ERE, sino que deberá garantizar que hay un periodo de consultas.
