16 de diciembre de 2016
16.12.2016
El desafío soberanista

El presidente catalán se desmarca de la "estrategia de desobediencia" de la CUP

Puigdemont avisa a sus socios de que la legalidad catalana está aún por crear -El Tribunal Supremo archiva la querella contra el exministro del Interior Fernández Díaz

16.12.2016 | 01:55
Puigdemont, flanqueado por Jané (izq.) y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. // Efe

El Gobierno catalán no seguirá la "estrategia de desobediencia" de la CUP, advirtió ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a sus socios en el Parlament, de quienes depende para aprobar los Presupuestos de 2017, en medio de la peor crisis entre las dos fuerzas independentistas desde la devolución del proyecto de cuentas de este año, que los "cuperos" echaron por tierra en junio con una enmmienda a la totalidad.

Puigdemont, que se vio obligado por ello a someterse a una moción de confianza, intervino ayer por primera vez en la pugna que mantienen su Gobier0no y los anticapitalistas a cuenta de la detención, por los Mossos d'Esquadra, de cinco independentistas que quemaron fotos del Rey.

El Ejecutivo catalán y Junts pel Sí (JxS) ya habían salido en días anteriores en defensa del consejero de Interior, Jordi Jané, al que la CUP acusa de haber actuado "de oficio", y no por orden de la Audiencia Nacional, en el arresto de los cinco jóvenes. Pero ayer Puigdemont quiso dejar meridianamente claro que su Gobierno y JxS no seguirán el camino que quiere marcarles la CUP.

Sin llegar a poner en cuestión de nuevo la tramitación de los Presupuestos, los anticapitalistas han exigido la dimisión de Jané y metido presión al Ejecutivo al acusar al consejero de "torpedear" el proceso soberanista, preguntándose si, llegada la hora del referéndum de independencia -prometido para septiembre de 2017-, los Mossos permitirán la votación.

Jané ya dijo el miércoles que, en ese caso, la Policía autonómica estará "al lado del pueblo de Cataluña, de sus instituciones y de la legalidad vigente en Cataluña". Menos ambiguo, Puigdemont avisó ayer a sus socios de que su Gobierno siempre actúa bajo "la legalidad vigente". Y para que no quedaran dudas, explicó que esa legalidad no es la de una Cataluña independiente.

Su Ejecutivo, en "obediencia al pueblo de Cataluña", quiere hacer las cosas "bien hechas" en el proceso soberanista, por la vía de transitar en su momento de la legalidad vigente a otra catalana aún por crear. Y quiere hacerlo así porque cree que es la manera de dar "garantías" a los catalanes.

Así que, por toda respuesta a las presiones de los "cuperos", insistió: "La CUP dirá lo que considere oportuno, pero el Govern hace lo que tiene que hacer. Saben perfectamente que la estrategia de la desobediencia no es la nuestra, saben las consecuencias que tiene la desobediencia, cada uno es responsable de su actitud", informa "Efe".

Además, descartó una reunión con la CUP para tratar la cuestión de Jané y los Mossos, de manera que no habrá otro contacto entre ambos partidos hasta la cumbre de fuerzas políticas y entidades favorables al referéndum, que se celebrará el día 23 por la tarde para que pueda asistir la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Esa cumbre se celebrará con el formato del Pacto por el Derecho a Decidir -que no se reúne desde la primavera de 2015- para permitir la asistencia de formaciones que, caso de ICV o EUiA -ahora bajo el paraguas, con Podemos, de Catalunya Sí Que Es Pot-, abogan por un referéndum pactado con el Estado, no unilateral, como pretenden los "cuperos".

De hecho, la reunión puede convocarse sin la amenaza de una impugnación judicial porque se hace al amparo de una resolución del Parlament que precisamente presentaron "los comunes" -y que JxS apoyó- llamando a impulsar ante el Estado "todas las iniciativas políticas y parlamentarias necesarias" para que la consulta pueda celebrarse. Por esta razón, el Tribunal Constitucional no la suspendió el miércoles, como hizo con otra, aprobada por la Cámara el mismo día y presentada por JxS y la CUP, que fijaba la fecha del referéndum.

Con todo y su advertencia a la CUP, Puigdemont aclaró que el calendario soberanista "se mantiene" pese a la presión de lo que denominó "el populismo constitucional que recorre el Estado".

Entre tanto, los abogados del expresident Artur Mas y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau pretenden que en el juicio por el 9-N declaren como testigos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las opiniones que emitieron sobre la consulta, a la que públicamente restaron relevancia jurídica. La Fiscalía pide para cada uno de los tres diez años de inhabilitación por desobediencia y prevaricación. El titular de Justicia se mostró dispuesto a declarar.

En el frente judicial, también, el Supremo archivó la querella de la antigua CDC contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso por delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación. El Supremo duda de la licitud de las grabaciones que sirvieron para airear supuestos planes de ambos para incriminar a políticos soberanistas.

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