La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, afirmó ayer que desde el Ministerio de Hacienda se negocia con los sindicatos la petición de la implantación de las 35 horas semanales en la Administración, si bien ha advertido de que el coste de fijarlo como normativa básica se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros.
Collado señaló durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso que habría un "problema de sostenibilidad" en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, si bien "de todo se puede hablar". En declaraciones a los periodistas al término de su comparecencia, Collado explicó que ya se está hablando con las organizaciones sindicales más representativas (CC OO, UGT y CSIF) sobre la posible implantación de las 35 horas, así como del resto de reivindicaciones, de forma que durante la legislatura se puedan alcanzar acuerdos como el suscrito en materia de empleo público.
No obstante, indicó que "no se trata de una recuperación de un derecho", ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, solo dos comunidades autónomas tenían la jornada de 35 horas (Andalucía y Asturias). Otras cinco autonomías cuentan con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con esa jornada. "Es una demanda, pero no es una recuperación de derechos", insistió Collado, quien añadió que en el resto de Europa solo hay dos países con esa jornada, y uno de ellos "se lo está pensando", mientras que el resto tienen jornadas de más de 40 horas semanales.
Por otra parte, el Ministerio espera la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para sentarse a negociar las cuentas de 2018, en las que prevé que se pueda aprobar una subida salarial superior al 1% para los empleados públicos.
Collado indicó que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio "expectativas" y "muy buenas perspectivas de crecimiento económico" en la firma del acuerdo por el empleo público el pasado 29 de marzo que "podrían apoyar una subida salarial mayor" a la de este año, fijada en el 1%.
La secretaria de Estado de Función Pública señaló que todavía hay que "esperar un poco", ya que lo prioritario por ahora es sacar adelante los Presupuestos de 2017 para posteriormente "sentarse a negociar" con los sindicatos la variación salarial de los empleados públicos para 2018.
En cualquier caso, "desde luego el ministro quiere sentarse a hablar y su deseo es intentar que las subidas salariales sean un poco mejores, claro que sí", apuntó Collado.
El proyecto de Presupuestos para 2017, que la próxima semana celebrará la fase de su trámite parlamentario de debates de enmiendas a la totalidad en el Congreso, establece una subida salarial del 1% para los empleados públicos este ejercicio.
Por su parte, los sindicatos reclaman la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la reducción del 5% que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento del 1% en los Presupuestos de 2016.
Enmiendas
De hecho, desde la oposición se ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios durante la comparecencia de Collado. La diputada socialista María Jesús Serrano recordó que los empleados públicos perdieron un 0,5% de poder adquisitivo el año pasado, ya que la subida salarial fue del 1%, con un IPC del 1,5%.
Serrano advirtió también de que la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos será "peor" este año, ya que la inflación prevista es del 2,2%, con una subida igualmente del 1%.
