El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ha decidido imputar a instancias de la Fiscalía a dos sindicalistas de la CIG por la ocupación de la sede oficial de la Xunta en Vigo el pasado 15 de mayo de 2007 durante una jornada de la huelga del sector naval. La jueza los acusa de los delitos de daños, desórdenes públicos y ocupación de edificio público, y en las próximas semanas se conocerá la petición de condena del ministerio público, que según fuentes de la central sindical podría rondar entre los tres y los cinco años de prisión, al ir por la vía penal.
Antolín Alcántara, secretario confederal de Negociación Colectiva de la CIG y uno de los imputados, junto con Víctor García (responsable comarcal de naval), denuncia que la fiscal quiere “criminalizar” a este sindicato y “neutralizar” la capacidad de respuesta de los trabajadores del naval vigués.
La ocupación de la sede de la Xunta fue uno de los episodios más violentos de la huelga del naval celebrada en mayo de 2007. Tras los hechos, la Justicia procesó a tres portavoces de la CIG (Alcántara, García y Miguel Anxo Malvido, secretario general de CIG-Metal), dos de CC OO (Ramón Sarmiento, secretario de Industria del sindicato, y Emilio Docampo, responsable comarcal de Metal) y uno de UGT (José Antonio Álvarez, ex secretario comarcal de Metal), pero después de tomarles declaración decidió archivar el caso.
Posteriormente, al cambiar el titular del juzgado, la Fiscalía recurrió el auto que archivaba el caso y la nueva jueza abrió el caso. Hace dos semanas, el juzgado comunicaba a los dos sindicalistas que habían sido imputados en solitario por los hechos, algo que “no tiene sentido” a juicio de Alcántara al estar compuesta la comisión negociadora del convenio por nueve sindicalistas de los tres sindicatos: CIG, UGT y CC OO.
“Decisión política”
“Creemos que hay una decisión política de intentar neutralizar al sector, primero a través de los propios trabajadores, juzgados por la huelga de hace tres años y la de 2009, y ahora vienen a por los dirigentes sindicales”, critica este responsable de Negociación Colectiva. Alcántara, que condenó los desperfectos causados por la ocupación de la sede del Gobierno autonómico en Vigo, conocerá la petición de condena en 15 días.
