Lleva 18 años luchando en los tribunales para "que se haga justicia" y espera haberlo conseguido con la última resolución del TSXG que obliga al Concello a derribar el edificio contiguo a su casa. Alfonso Vidal Guntín emprendió el pleito porque se consideraba víctima de un agravio comparativo. "Los vecinos del conjunto histórico no podemos hacer nada en nuestras propiedades, pero viene alguien con los bolsillos llenos y hace lo que le da la gana comprando voluntades. No puede ser", explica.
Insiste en que su único interés es un trato igualitario y justo para todos. "Nunca pedí ni acepté dinero para llegar a un arreglo. Es más, a mí me ha costado mucho todo esto. Tuve que pagar 150.000 pesetas para hacer anotaciones en el registro de la propiedad que advirtiesen a los compradores de los pisos y bajos", destaca. En esa línea, el denunciante colocó incluso un gran cartel hace años en su finca, pegado al inmueble en cuestión, para avisar de su ilegalidad y de que será demolido por sentencia del Supremo.
La falta de permisos llevó a Alfonso Vidal además a reclamar al Concello el cierre de los negocios ubicados en los bajos en 2012, pero nunca obtuvo respuesta municipal. Ahora anuncia que volverá a insistir. "No se entiende que el Ayuntamiento cierre el centro cultural de Baíña por carecer de licencia de actividad y haga la vista gorda con estos locales", argumenta.
No obstante, reitera que no tiene nada en contra de los afectados. "Yo no quiero fastidiar a los propietarios, es el Concello el que debe buscar un arreglo justo para todos", dice. La solución, a su juicio, podría pasar por suavizar las restricciones referidas a la protección urbanística de las viviendas y fincas afectadas por el conjunto histórico artístico. Deja la pelota en el tejado del Ayuntamiento.
