Las sospechas de corrupción urbanística sobre el anterior gobierno municipal de Nigrán quedan zanjadas. El exalcalde del PP Alfredo Rodríguez no será juzgado por tráfico de influencias. Tras una investigación de algo más de cuatro años, la titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo ordenó el miércoles el archivo de las diligencias abiertas contra el antiguo regidor y cinco de los concejales de su equipo de gobierno por una denuncia del fiscal, que veía indicios de transmisión de información privilegiada a promotores inmobiliarios que compraron terrenos en el municipio durante el proceso de redacción de un Plan Xeral que mejoraba su calificación y que fue retirado en 2006 por la presión vecinal.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia interpuso una denuncia por la vía penal en noviembre de 2006 contra seis miembros del equipo de gobierno que operó entre 2003 y 2007. Además de Rodríguez, se encontraban encausados, el concejal de Patrimonio y Personal, el popular Eduardo Misa, y otros cuatro miembros del desaparecido Partido Independiente de Nigrán (PINN), que se coaligó con el PP para gobernar. Su líder, Avelino Fernández, su número dos, Antonio Fernández Comesaña, ahora concejal de la oposición y portavoz de Unión Centrista de Nigrán, además del entonces edil de Urbanismo, Carlos Quintas, y el responsable de Vías y Obras, José Comesaña, resultaron investigados en el asunto.
La magistrada decretó el sobreseimiento provisional de la investigación al considerar que "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de esta causa". Y lo hizo a demanda del propio Ministerio Fiscal, que solicitó dicho sobreseimiento, dado que sus investigaciones no lograron probar los hechos denunciados.
La fiscal que se encargó de las diligencias justificó su petición con un amplio informe sobre las pesquisas llevadas a cabo desde la publicación en medios de comunicación de supuestas irregularidades en relación con la tramitación del Plan Xeral, relacionadas con la compra de terrenos en vías de recalificación por parte de sociedades integradas por exdirectivos del Real Club Celta, del que el propio Alfredo Rodríguez fue gerente hasta junio de 2006. A estas noticias, se sumaron las denuncias ante la Fiscalía de varios particulares y de las asociaciones vecinales de las parroquias de Camos, Panxón, Chandebrito, Nigrán, Priegue y Parada sobre varias operaciones urbanísticas bajo sospecha.
Acusados, portavoces vecinales, técnicos municipales, miembros del equipo redactor, propietarios de fincas, y la entonces concejala Aurora Carbajal –que había afirmado que varios arquitectos conocían el contenido Plan Xeral antes de que se propusiese su aprobación inicial y luego se desdijo– pasaron por los juzgados para prestar declaración. A sus testimonios se unió una minuciosa investigación sobre las cuentas bancarias y las declaraciones de bienes de los denunciados y sus familiares encargada a la Agencia Tributaria, así como informes del Seprona sobre diversos expedientes urbanísticos de terrenos. Pero ninguno de los frentes abiertos arrojó datos concluyentes sobre la filtración de información privilegiada, así que el caso queda cerrado.
