Propietarios de las 21 viviendas unifamiliares condenadas al derribo y situadas en las zonas de As Loucenzas y Catanga, del municipio de A Guarda, manifestaron ayer su decisión de "depurar responsabilidades". Por ello se dirigirán a la secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta para "que actúe contra el Concello de A Guarda con la misma contundencia que la empleada con nosotros", pues consideran responsable a la Administración local por haberles dado licencia de construcción en suelo especialmente protegido, lo que se tipifica como un delito contra la ordenación del territorio en el artículo 319 y 20 del Código Penal, que conlleva su demolición, como sentenció el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Consideran que la actuación del Concello ha originado la difícil situación en que se encuentran, con sus casas derribadas o a la espera de serlo, y sin saber cuándo y cómo cobrarán las indemnizaciones que les pertenecen y que inicialmente están valoradas en 7.492.000 euros.

José Elías Rebollar, que ejerce como portavoz y es el propietario de una de las tres viviendas demolidas el pasado día uno por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, informó ayer de esta decisión, en la que ha pesado el consejo de Eduardo Canabal Sanz, asesor urbanístico que les atiende de forma altruista.

"Nos dijo que nuestros abogados continuasen con los procesos en curso y que nos constituyésemos en asociación de afectados, algo que vamos a hacer en breves días", anunció. Destacó además que "los propietarios de las 21 viviendas estamos unidos y nos apoyan todos los vecinos de A Guarda". Se percatan de ello por las frases de ánimo y llamadas telefónicas que reciben, algunas incluso de fuera de Galicia.

Por su parte, el alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, indicaba ayer que el servicio jurídico del Concello está trabajando en la demanda que se va a presentar contra la Xunta de Galicia "por inacción", al no haber actuado cuando debía hacerlo, lo que pudo evitar en su día la concesión de más licencias y no habrían tantos afectados. "Tengo que defender los intereses de todos los vecinos de A Guarda. Si hay corresponsabilidad por parte de otra Administración, se debe traducir en dinero para las indemnizaciones, pues nosotros entendemos que la Xunta tiene toda o parte de responsabilidad en este caso". A día de ayer, la posibilidad de adelantar el pago de las indemnizaciones, a la espera de percibir su importe por parte de la Xunta de Galicia, se ha tenido que descartar, dado que "los Concellos sólo pueden endeudarse hasta donde la Ley se lo permite". En este caso, el presupuesto municipal del año 2009 asciende a siete millones de euros, seis de los cuales se destinan a costear el personal.

Freitas informó también que el día 21 de este mes finaliza el plazo de presentación de gabinetes para redactar el proyecto de demolición de otra de las 21 viviendas, en Catanga.