La Audiencia Nacional ha condenado a un total de 23 años de prisión y multa de cien millones de euros a los tres vecinos de Vigo imputados por un alijo de más de 1.500 kilos de cocaína que llegaron camuflados en latas de atún al puerto vigués de Guixar y que fueron intervenidos por la Guardia Civil en enero de 2002.
La sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Penal condena a 9 años y 4 meses de prisión a Rafael Martínez González y Alberto Pozo Fidalgo por un delito contra la salud pública, mientras que rebaja la pena para Ana María Fraguas Iglesias a 4 años y 6 meses de prisión. Cabe recordar que el Ministerio Fiscal solicitó para cada uno de ellos penas de 15 años de cárcel.
Los tres condenados utilizaron dos sociedades dedicadas a la conserva de pescado que controlaban a ambos lados del Atlántico para el transporte de la droga. Así, Rafael Martínez creó en Manta (Ecuador) la firma Alimentos Marítimos Congelados (Amarcon) y, en Galicia, Conserva Nova S.L., con domicilio social inicial en Ribadumia y posteriormente en Redondela.
El escrito de acusación establecía que Rafael Martínez, a través de Amarcon, envió con fecha 28 de noviembre de 2001 dos contenedores por vía marítima a Conservanova declarando 2.180 cajas de lomos de atún, de las que tenían que hacerse cargo Alberto Pozo y Ana Fraguas.
A bordo del buque Opdr Sevilla llegaron al puerto de Vigo el 6 de enero de 2002. El perro de la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana detectó la droga al proceder al examen de los contenedores el 9 de enero del mismo año. Al abrirse los palets, los agentes de la Guardia Civil descubrieron latas sin etiquetar. En su interior se escondía un paquete de plástico con un bloque de cocaína sumergido en aceite. En total, aparecieron 2.830 bloques de cocaína con un peso unitario de algo más de medio kilo.
El peso neto del alijo, según el pesaje al que fue sometido en Sanidad, fue de 1.523 kilos de cocaína con una riqueza del 73,43% y su valor en el mercado ilícito habría superado los 270 millones de euros.
Este transporte no sería el único previsto por el grupo, pues según el fiscal los tres vecinos de Vigo se concertaron con ciudadanos italianos relacionados con una organización criminal conocida como la Ndrangeta, para realizar operaciones de transporte, introducción en España, almacenamiento y distribución de cocaína sirviéndose de las sociedades de fabricación y enlatado de atún que controlaban.
Pozo y Martínez abrieron en 2000 varias cuentas en la agencia de la Caixa General de Depósitos de Valença do Minho, donde se contabilizaron ingresos por valor de 332 millones de las antiguas pesetas, 86 millones de escudos y 95.600 dólares. El saldo de dichas cuentas pasará a engrosar el Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico.
