Una mujer que se hacía pasar por un alto cargo de Sanidade y ofrecía puestos de trabajo en el Sergas a cambio de dinero, cumplirá tres años y medio de prisión por estafa agravada y falsedad en documento público, mientras que la condena para su compinche, que se hacía pasar por su secretaria, se reduce a un año y 9 meses de cárcel al retirársele el delito continuado de falsedad. Ambas deben indemnizar a las siete víctimas en 526.500 euros más intereses, y hacer frente a sendas multas de 1.800 euros. El Tribunal Supremo, que ha desestimado los recursos presentados por sus defensas, ratifica así la sentencia dictada por Audiencia de A Coruña.
La supuesta cabecilla de la operación, de 70 años de edad, cuenta con un largo historial delictivo. Fue condenada pro la Audiencia de Pontevedra en 1998 pro un delito de estafa y en 2003 por el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo por un delito de falsificación en documento público, oficial o mercantil, a la pena d e4 años de prisión y otros cuatro año de internamiento en un centro psiquiátrico, según recoge el fallo del Supremo. Su compañera, de 57 años carece de antecedentes penales.
Las dos mujeres, según el fallo judicial, habían sido trabajadoras del Servicio Galego de Saúde (Sergas). La cabecilla, como auxiliar de hospital y su compañera como personal de lavandería y pinche de cocina. De común acuerdo y entre finales de 2010 e inicios de 2011, la cerebro de la estafa visitó con asiduidad y acompañada por su falsa secretaria el área de descaso de la autopista AP-9 en Ameixeira, en el municipio coruñés de Ordes. Allí se ganaron la confianza de empleados y víctimas .
A todos ellos les transmitieron, mediante visitas y llamadas de teléfono, una idea de contactos e influencias en la contratación de personal del Sergas, haciéndoles creer que podían conseguirles de forma directa un puesto de trabajo en la administración sanitaria autonómica, si previamente les abonaban determinadas cantidades de dinero. Para dar mayor veracidad a su farsa, les invitaron a a realizar un curso de informática y les reclamaron la entrega de diversa documentación personal, como copia del DNI, hoja de vida laboral o curriculum vitae.
En sucesivas reuniones a lo largos de 2011 y 2012 dos hermanos entregaron unos 9.750 euros y la cabecilla de la trama les firmó un documento en el que reconoce el total entregado; otra de las víctimas aportó en tres pagos un total de 15.000 euros para un trabajo para su hija, además del abono de 750 euros para el curso de informática; otra perjudicad les entregó otros 15.000 euros para un empleo para su hija y otro para ella.
A lo largo de 2011 y como las contrataciones no se producían, varios perjudicados les anunciaron su intención de denunciar los hechos, por lo que las mujeres devolvieron, mediante transferencia bancaria 2.000 euros a una de las víctimas y 6.000 a otra, mientras que enviaban correos electrónicos a una tercera que bajo el título de "Notificación" fijaban una relación de personas a las que se asignaba un día para la "firma" del contrato y un sello que rezaba "personal contratado del Sergas", que no se corresponden con los sellos oficiales de la administración, como se demostró en la vista oral.
Ahora, con el fallo del Tribunal Supremo, se pone fin al largo proceso judicial.
