El Ministerio fiscal afirmó ayer en la presentación de su informe de conclusiones por la supuesta violación grupal de los Sanfermines que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación", y consideró que "las pruebas son absolutamente contundentes".
La fiscal Elena Sarasate, que ha dedicado dos horas a la presentación de su informe en la sala, ha asegurado que los cinco acusados "actuaron de forma conjunta y organizada", mientras la joven denunciante "no sospechaba ni rematadamente lo que estaba pasando". "Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda", afirmó.
Además, la fiscal defendió que "la declaración de la víctima cumple todos los requisitos para darle absoluta y totalmente credibilidad y sin embargo la de los acusados tiene contradicciones, no pequeñas, sino determinantes". "Ellos sí sabían a lo que iban y lo tenían claro", dijo ante la sala, donde los cinco acusados estuvieron sentados detrás de sus defensas y enfrente de la fiscal, siguiendo la sesión con aspecto serio y tranquilo.
Tras ello, Elena Sarasate señaló que "ha quedado perfectamente acreditado el delito de agresión sexual, el delito contra la intimidad y el del robo del móvil", por lo que ratificó su petición de 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados.
La fiscal hizo un relato pormenorizado de cómo ocurrieron los hechos a su entender desde que la joven se encontró con los cinco acusados y hasta que estos fueron detenidos. "Ha quedado perfectamente acreditado el daño moral y que la víctima ha tenido sufrimiento moral", dijo.
La fiscal abrió ayer las sesiones del juicio dedicadas a las conclusiones de las partes. A este primer informe, le siguieron el de la acusación particular y los de las acusaciones populares, ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral. Hoy presentarán las conclusiones las tres defensas de los cinco acusados.
Estas dos últimas sesiones del juicio son las únicas que se desarrollan en audiencia pública, con la asistencia de 46 periodistas y 24 ciudadanos como público. No obstante, está prohibido el acceso de cámaras y fotógrafos y el tribunal adoptó medidas extraordinarias para evitar grabaciones.
