El drama de los ausentes sume en el dolor a miles de familias españolas. Y es que en la actualidad en toda España hay activos un total de 4.164 casos de personas desaparecidas. En Galicia -con asuntos tan mediáticos como el de la joven Diana Quer a la que se le perdió la pista el pasado verano en A Pobra do Caramiñal o el de la pontevedresa Sonia Iglesias de la que no se sabe nada desde 2010- son 128 las denuncias que permanecen abiertas, de las cuales 17 tienen la catalogación policial de alto riesgo. Y precisamente, la gallega se sitúa entre las comunidades con un mayor número de casos de los que se estiman alarmantes: es la cuarta, únicamente superada por Cataluña, Andalucía y Canarias. Por provincias, la de A Coruña es la gallega que tiene un mayor número de desapariciones activas -54-, pero es la pontevedresa la que suma más de las consideradas inquietantes: seis casos de un total de 29 en la actualidad en investigación.
Estos datos son algunas de las conclusiones de la primera radiografía de personas desaparecidas en España, un informe que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó ayer a los medios de comunicación después de trasladarlo a las asociaciones de búsqueda de desaparecidos SOS Desaparecidos, Inter SOS, QSD Global y Fundación Anar. Algunos de los datos destacados de este estudio son que desde 2010 se presentaron 121.118 denuncias, de las que en la actualidad hay activas un total de 4.164 búsquedas, al quedar sin efecto el resto. "Nos vamos a dejar la piel en el empeño para buscar a las personas desaparecidas", afirmó el ministro, que anunció que en los próximos meses se pondrá en marcha el denominado Centro Nacional de Desaparecidos, que se encargará del control y gestión de las bases de datos de desaparecidos y restos humanos sin identificar.
En Galicia la desaparición que alcanzó más eco mediático en 2016 fue sin duda la de la joven madrileña Diana Quer, una ausencia que casi siete meses después sigue sin respuestas y plagada de interrogantes. Pero en esta comunidad hay muchas más personas a las que se les perdió la pista y de las que nunca más se volvió a saber nada, más allá de sospechas de lo que les pudo ocurrir. Es el caso de la pareja viguesa formada por Francisco Fernández Golpe y María Victoria Méndez Caride, desaparecidos en 2004; o el de María José Arcos, a la que se perdió la pista hace dos décadas y cuyo coche apareció en Corrubedo.
¿Cuál es el análisis que se hace de esas más de 4.100 denuncias activas que hay en España? La mayoría corresponden a hombres -casi el 75%- y con respecto a la nacionalidad también prácticamente un 75% se refieren a personas originarias de España, frente a los restantes casos que son de extranjeros. El sector de edad de 36 a 50 años es el que registra un mayor número de casos, seguido del colectivo de los mayores de 65 años, con un 27,10 % de las búsquedas abiertas. La mayoría son casos de riesgo limitado, cuantificándose los de alto riesgo en un total de 214, junto a otros 45 en los que está pendiente de ratificarse esta peligrosidad.
Sobre las desapariciones de menores, unas de las que más alarma suscitan, el informe arroja que dos terceras partes de las denuncias se refieren a niños o adolescentes. Sin embargo, el ministro, en su intervención de ayer, matizó que sólo un 9,35% de estos casos se consideran alarmantes. El resto de denuncias se explican, matizó, por fugas de centros de menores -gran parte de ellas- o por problemas familiares de custodia. Frente a estas ausencias que se suelen resolver rápido y con un final feliz, hay otras, de las consideradas de riesgo alto, que llevan años sin resolverse. Un claro ejemplo es la del niño canario Yéremi Vargas, desaparecido en 2007.
