Un informe policial que podría agravar sensiblemente la condena retrasa la celebración del juicio contra el joven de nacionalidad rumana procesado por el crimen del exfarmacéutico Tomás Milia, en octubre de 2013.
Alexandru Marius Luca, que presuntamente lo acuchilló por una discusión económica tras un servicio sexual, lleva casi dos años entre rejas como un preso preventivo, el periodo máximo que marca la ley. El martes que viene, el presunto homicida comparecerá ante la Audiencia Provincial para que la sala decida si continúa encarcelado hasta que pueda celebrarse el juicio.
El fiscal acaba de solicitar la prórroga de la reclusión preventiva por un tiempo máximo de otros dos años, tal y como también contempla la ley siempre y cuando se autorice en una vista. Así se discutirá la próxima semana. Tendrán voz la defensa y las acusaciones particulares.
Según la investigación, Marius Luca regresaría al lugar del crimen, horas después de cometer el homicidio y tras llegar a huir de la Policía arrollando a uno de los agentes que descubrieron en su poder relojes de lujo de la víctima. Volvió con el supuesto afán de borrar huellas. Metió a la víctima en la bañera, lo impregnó con lejía y prendió fuego en la casa. Eran las 5,30 horas de la madrugada del 4 al 5 de octubre de 2013. La Policía Local lo detuvo poco después de su última salida del lugar del crimen, con una colección de cuchillos (arrojó a una papelera cercana el arma homicida), las llaves de la vivienda -que dejó cerrada tras prender fuego- y prendas ensangrentadas.
La Fiscalía sostiene que existió un "evidente peligro" para los moradores del resto del edificio, en la céntrica calle Curros Enríquez de Ourense, pues era de madrugada cuando prendió fuego. Quiere que un informe pericial establezca si existió riesgo, lo que agravaría la pena. El joven está procesado por cuatro delitos: robo con violencia, homicidio o asesinato, incendio y atentado a agentes de la autoridad.
"Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de 10 a 20 años", dice el Código Penal.
Nuevo retraso en el sumario
En mayo, un oficial de los Bomberos manifestó al juez instructor que el servicio municipal no tiene capacidad para elaborar ese tipo de dictamen pericial.
El juzgado se vio obligado a tomar una nueva decisión que ha retrasado el sumario. Será la Brigada de Policía Judicial del Grupo de Policía Científica la unidad encargada de valorar por escrito "las posibilidades de propagación del fuego iniciado por el acusado, en base a los materiales de la vivienda y del resto del edificio".
