El hombre que envenenó a su vecino, un exsocio ganadero al que odiaba, con vino intoxicado con estricnina, un tóxico fatal prohibido en la UE, ha sido condenado por segunda vez a 17 años de prisión por un delito de asesinato del que el jurado popular lo declaró culpable. Las acusaciones, tanto la Fiscalía como la acusación particular que representa a la viuda y a los hijos del fallecido, confirmaron ayer que solicitarán el encarcelamiento inmediato del condenado, sin esperar a que la sentencia se convierta en firme. José Luis Lamelas, declarado de nuevo culpable y sentenciado después de que el Supremo invalidara el primer juicio, está libre desde enero.

La familia está "preocupada por lo que pueda pasar", manifiesta el letrado particular, José Ramón de Dios. Tanto el abogado como el fiscal que ha llevado el caso, Carlos Valenzuela, plantean a la Audiencia Provincial de Ourense que acuerde el encarcelamiento del asesino con carácter preventivo. Lamelas estuvo más de dos años entre rejas desde su detención y hasta el revés dictaminado por el Supremo. Pese a haberse agotado el plazo máximo de prisión preventiva, la existencia de una sentencia permite extender el periodo de reclusión hasta la mitad de la pena impuesta, es decir, ocho años y medio, sostienen las acusaciones. La defensa discrepa. El periodo provisional, alega, ya quedó extinguido en el primer proceso.

Las acusaciones pretenden la máxima protección para la familia, aunque desde la puesta en libertad del acusado existiera una prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas o de regresar, tan siquiera, a la aldea de Castro de Escuadro (Maceda) donde víctima y asesino fueron socios y vecinos. La nueva sentencia fija un destierro de 10 años.

Lamelas tiene obligación de comparecer cada sábado al juzgado de Verín, donde reside. No consta que durante los más de 5 meses que ha permanecido libre hasta la celebración del segundo juicio y posterior veredicto de culpabilidad, se hayan producido incumplimientos.

Lamelas ya estaba entre rejas cuando fue sentenciado por primera vez a finales de 2011. Continuó hasta el pasado enero cuando la Audiencia se vio forzada a liberarlo después de que el Tribunal Supremo anulara el primer juicio por una confesión del hombre a un guardia civil, durante un traslado, sin garantías legales.