La Fiscalía Anticorrupción pedirá, previsiblemente hoy, la puesta en libertad del presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desarticulada en la "Operación Emperador´, Gao Ping, y del resto de arrestados enviados a prisión por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu los días 19 y 20 de octubre. La acusación pública trasladará al magistrado la adopción de esta medida en cumplimiento del auto dictado ayer por la Audiencia Nacional mediante el que ordena "la inmediata puesta en libertad" de uno de los apresados, Kay Yang, al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal.
La Fiscalía, que acogió con malestar la decisión, entiende que el auto afecta también a la veintena de detenidos que fueron enviados a prisión esos dos días, entre los que se encontrarían Gao Ping, su esposa y el cabecilla de la trama de extorsión, Hay Boo. En todo caso, los fiscales del caso pedirán la imposición de medidas cautelares para los líderes de la trama que podrían ir desde la retirada del pasaporte hasta comparecencias periódicas en los juzgados.
El auto del tribunal acoge el recurso de la defensa de Yang y declara la "nulidad absoluta e insubsanable" del auto por el que se acordó su ingreso en prisión. El juez Andreu decretó ayer su puesta en libertad.
La sala considera que con la prórroga de prisión Yang "se vio privado ilegalmente de libertad", lo que vulneró el derecho 17.1 de la Constitución. A su juicio, el auto de arresto de los presuntos cabecillas se dictó el 15 de octubre, por lo que al ser una "detención judicial" y no policial el detenido debió ser puesto a disposición del instructor en plazo de 72 horas. Debido al gran número de detenidos, que superó el centenar, Andreu acordó el día 18 la puesta a disposición de los detenidos, que permanecieron mientras tanto en dependencias policiales.
La Audiencia Nacional dice que el juez aplicó de forma "errónea y contraria" la doctrina del Tribunal Constitucional, que se aplicó para poner en libertad a un detenido del ´caso Malaya´. Esta resolución se basó en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el juez "elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto, en el término de 72 horas a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado".
El juez Fernando Andreu explicó a los medios d e comunicación que los detenidos no estuvieron a disposición judicial hasta el 18 porque, aunque autorizó sus detenciones, que se ejecutaron el 16, la Policía realizó 120 entradas y registros hasta ese día y dejó en libertad a varios detenidos.
A su juicio, el plazo de 72 horas debería comenzar a contar desde ese momento, ya que lo contrario habría supuesto decretar prisión de los detenidos sin haberles interrogado. Fernando Andreu asumió toda la responsabilidad de lo sucedido. "El único responsable soy yo aunque pienso que no me he equivocado. Lamento que el trabajo de policías, fiscales y funcionarios pueda verse empañado por una decisión que, según la Sala, es errónea", afirmó, antes de apuntar que "diga lo que diga una ley de 1800, antes de decretar el ingreso en prisión de alguien el juez tiene que oírle".
