La mansión que el abogado pontevedrés, Manuel Franco Argibay, tiene a pie de playa en Lourido es la "joya de la corona" del patrimonio del letrado. Un chalé que, junto con otras cuatro propiedades más, pasarán a formar parte del fondo de bienes decomisados por el tráfico de drogas en virtud del acuerdo alcanzado la semana pasada entre el propio Franco Argibay, su abogado y el Ministerio Fiscal, tras reconocer el primero su participación en la trama que blanqueó cerca de 15 millones de euros procedentes del narcotráfico desmantelada en la "Operación Cormorán".
Un lujoso inmueble que, junto con otras cuatro propiedades más que permanecían embargadas, serán decomisados por la Justicia como compensación por los 1,2 millones de euros procedentes del patrimonio del narco, José Antonio Pouso Rivas, "Pelopincho", y que el letrado ingresó en un banco de Valença do Minho a nombre de sus dos hijos y finalmente evadió a cuentas "offshore" en paraísos fiscales en el año 2005.
En el acuerdo alcanzado la semana pasada con el fiscal, Franco Argibay aceptaba una condena de tres años y 3 meses de prisión al reconocer los hechos que le imputaba el fiscal Augusto Santaló en su escrito de acusación. Asumía también el pago de una multa de 5,3 millones de euros que con toda probabilidad se conmutará por otros 30 días de prisión sustitutoria que debe cumplir en caso de impago.
El abogado pontevedrés, de 49 años, reconocía así ante el magistrado presidente de la Sección Segunda que fue contratado por "Pelopincho" a fin de que, como letrado, "le asesorara en la mejor forma de ocultar jurídicamente las distintas adquisiciones y transmisiones de bienes" entre sus testaferros. Un ingente patrimonio obtenido de las actividades de narcotráfico del riveirense. "A sabiendas de la ilícita procedencia del patrimonio que gestionaba", Franco Argibay fue el encargado de confeccionar los documentos relativos a adquisiciones, transmisiones y constitución de sociedades relativas a una de las principales testaferros de Pouso Rivas, su mujer Terezinha de Jesús Carvalho, condenada a 4,8 años de cárcel en este mismo proceso, sentencia que ha recurrido ante el Supremo.
Asimismo, asumió que "como contribución definitiva a la ocultación del dinero intervenido y escondido por Pouso Rivas en diferentes lugares", se hizo con estos 1,2 millones y los ingresó en una sucursal del Banco Portugués de Inversoes en Valença en febrero de 2005, ya con la operación policial y judicial abierta. De golpe y porrazo convirtió por unos meses a sus dos hijos menores en millonarios. Dado que este dinero nunca pudo ser recuperado, el juzgado decretó el embargo de 9 fincas valoradas en 1,1 millones de euros, entre las que se encontraba el chalé de Lourido y otras cuatro que ahora pasarán a las arcas del Estado. El letrado "salva" cuatro propiedades, dos de ellas a nombre de su mujer, que resultó absuelta, y que se corresponden a un piso, dos plazas de garaje y un despacho, todas ellas en el centro de Pontevedra.
Franco Argibay ya "contribuyó" al erario público con dos millones de euros que aportó como fianza para salir en libertad provisional y que perdió cuando se fugó. Una fuga de la Policía frustró cuando le detuvo el pasado verano en Madrid.
