Cinco años de prisión y multa de 143.415 euros. Ésta es la pena impuesta por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, a un ciudadano colombiano de 46 años por transportar un kilo de cocaína desde Madrid hasta la ciudad olívica. El tribunal le considera responsable de un delito de tráfico de drogas, pero no es el único condenado: también castiga con dos años de prisión y multa de 47.804 euros a María Patricia V.G., de 39 años y también colombiana, aunque en este caso vecina de Porriño, al considerarla cómplice.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2009, cuando la Policía Nacional detuvo al condenado cuando se encontraba a bordo de un vehículo estacionado en el aparcamiento exterior de un centro comercial de Coia. Tras el arresto, los agentes hallaron oculto en su pantalón un paquete con casi un kilo de cocaína, cuyo valor en el mercado superaría los 47.000 euros.

Según la sentencia, se considera probado que Joaquín Humberto había recibido el encargo de trasladar la droga desde Madrid a Vigo. Así, una vez en la ciudad olívica, este hombre se puso en contacto telefónico con su cómplice, la otra acusada, que le llevaría hasta una cafetería de la calle Nicaragua donde tendría lugar la entrega de la cocaína.

El intercambio finalmente no se produjo. El acusado ya había recibido 600 euros en concepto de adelanto por sus servicios y la entrega de la cocaína precisamente se frustró porque los destinatarios de la droga, cuya identidad se desconoce, se presentaron sin los 1.400 euros restantes que debían darle por hacer este transporte.

El condenado había solicitado al tribunal que se le sustituyese la cárcel por la expulsión a su país, donde se encuentra su familia, una petición que la Audiencia rechaza por estimar que "provocaría una sensación de impunidad promoviendo la comisión de delitos graves dentro del territorio nacional". En este sentido, dice que hay jurisprudencia en la que "se considera que, de optarse por la expulsión, los ciudadanos procedentes de países donde se produce o comercia con tales sustancias pensarían que tienen una especie de licencia para cometer delitos, con la única consecuencia negativa de ser devueltos a su país". La condena de cinco años de cárcel coincide con la petición del fiscal, que adecuó su solicitud a la reforma del Código Penal que entrará en vigor en diciembre y que suaviza las penas por delitos de narcotráfico.