Dos años después de la emergencia volcánica en La Palma

Toda catástrofe natural tiene unos efectos sobre los bienes y los derechos de las personas afectadas cuya primera manifestación es la alteración del soporte territorial sobre el que se produce y, con ello, de la ruptura de las relaciones de los ciudadanos con su espacio natural que va a ser más irreversible cuanto mayor es la magnitud del fenómeno, esta magnitud resulta incrementada en aquellos territorios cuya densidad de uso y actividad es mayor, cual es el caso de las islas y de La Palma en particular, convierte la solución del problema en más compleja y difícil.

En este contexto territorial, la erupción volcánica de La Palma de 2021, que se inició el 19 de septiembre y se detuvo el 13 de diciembre vino a afectar a los municipios palmeros de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte cuyo primer efecto físico consistió en la fractura del Valle de Aridane en un territorio y un paisaje antes continuo, en tres franjas interrumpidas por un mar de coladas, afectando al centro de los municipios, en su parte mas dinámica desde el punto de vista agrario y habitacional.

Por más que todas las administraciones hayan efectuado un importante ejercicio de colaboración, intentando la recopilación integral de datos e informaciones en todos los apartados, sociales, de propiedades afectadas, de aportación de ideas y proyectos de resolución, la complejidad del problema y lo heterogéneo de las afectaciones hace que hoy, dos años después de la finalización de la actividad volcánica, aún continúen existiendo fricciones sociales entre los afectados y aquellas administraciones, fricciones que derivan de la contraposición entre la realidad física del espacio ocupado y las lógicas demandas de retorno a la situación previa a la erupción por parte de los vecinos afectados.

No se debe omitir la realidad territorial del Valle de Aridane, fragmentada en propiedades de dimensión menor y con edificaciones dispersas de todos los usos, residencial, industrial y turístico, que añaden complejidad a la resolución de los efectos de la catástrofe por multiplicación de los afectados y variedad en los problemas a resolver.

Por lo que hace referencia al municipio de Los Llanos de Aridane y a sus condiciones urbanísticas es preciso resaltar que la erupción vino a coincidir con la elaboración de su nuevo Plan General, dado que el documento vigente es de junio de 1987, elaborado con legislaciones antiguas y con determinaciones que no se adecúan a la forma de regular el planeamiento urbanístico y, con ello, la forma de producir las actividades y los usos del suelo en la sociedad actual, en este sentido, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación el día 5 de octubre de 2023, aprobó la segunda fase de este nuevo plan, el Avance, conjuntamente con el estudio ambiental, documento que se encuentra disponible para el público, con objeto de que se realicen las aportaciones y las sugerencias que se deseen para la mejora y completamiento del mismo.

Ello resulta de importancia por cuanto esta documentación propone una ordenación del municipio según un modelo de ocupación del territorio que se ha visto deformada por la transformación radical de su espacio central, con todas las incertidumbres de los plazos y tiempos para volver a la normalidad anterior, el nuevo plan general debe proponer la mejora y potenciación de los núcleos principales, incluyendo aquellos parcialmente afectados, caso de La Laguna, con los crecimientos adecuados a posibles localizaciones de afectados, sin olvidar la estructura básica del territorio con la mejora y completamiento de sus dotaciones y espacios libres.

Esta fase del plan es el momento idóneo para coordinar las iniciativas en marcha desde las empresas públicas y de los trabajos científicos que vienen trabajando y aportando los datos de la evolución, las consecuencias físicas y las distintas soluciones de un problema social, económico y ambiental que excede en demasía de las capacidades de un único municipio.

En la búsqueda de soluciones para la recuperación de los daños producidos por la erupción desde el Gobierno de Canarias se han venido produciendo iniciativas mediante decretos ley desde el mismo momento del inicio de la catástrofe, hasta el noveno y último, por ahora, del dieciocho de diciembre, cuya pretensión última es tranquilizar a los afectados y posicionar a la administración ante las compensaciones que le corresponden a estos en función de sus bienes anteriores. A partir de las decisiones del inicio, que venían derivadas de la emergencia habitacional para aquellas personas que habían perdido su casa y su contenido, la cuestión posterior es el destino del suelo de aquellas propiedades que habían quedado sepultadas bajo el manto de lava y del límite físico que permitiría su recuperación en las condiciones anteriores o, al menos, en condiciones de seguridad para sus propietarios.

Este último decreto-ley busca contentar a todos los afectados, trasladando en el tiempo la resolución de aquellas propiedades que quedaron bajo un espesor de magma, en principio superior a diez metros de altura, solución que se desplaza a los posteriores estudios científicos relativos a sus posibilidades de reutilización y, para los casos no recuperables, solicitando las garantías de una justa compensación, no debemos olvidar que alturas superiores a estas ocupan, según los últimos datos del gobierno, casi el sesenta y cinco por ciento de la superficie afectada.

Todo ello, sin realizar mención alguna respecto del nuevo paisaje generado por el manto de lava como valor, ni a los valores geológicos del subsuelo como patrimonio común, que pueden convertirse en un aliciente turístico de futuro de indudable interés en su preservación.

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