La Junta de Extremadura valora positivamente revisar la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como las Ley del ‘solo sí es sí’, ante la controversia surgida por la rebaja de las penas de algunos convictos por delitos sexuales en aplicación de la nueva norma: «Esta es una cuestión dolorosa que debe arreglarse cuanto antes. Por eso hay que reconocer al Gobierno esa disposición a que, si algo no está bien, se cambie. Y hay que ser diligentes en ese cambio para que no siga habiendo rebajas de penas en ese sentido», ha expresado la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña. «Porque no fue con la intención con la que se legisló ni el sentido en el que se legisló», añadió en Cáceres antes de presidir la comisión para la erradicación de la violencia de género. Un apunte en el que coincide la abogada penalista Estrella Santiago: «El objeto y el ámbito de la ley era muy diferente del que se está aplicando, no era rebajar las penas, sino proteger a las mujeres. El tema ha sido no incluir excepcionalidades y dejarlo a la libre interpretación», dice. «Han cogido la ley literal y no se ha valorado ni ponderado los casos», añade.
Más crítica se muestra con la norma Pura Márquez, también abogada y técnica jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex): «Han hecho un refrito unificando los delitos de abuso y agresión. La ley es una chapuza y no se ha tenido en cuenta la aplicación y ejecución de la misma. Ya se advirtió en su momento desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por parte de juristas de renombre y desde las propias asociaciones», opina.
Ambas letradas explican que al unificarse los dos delitos también se amplió el abanico de las condenas, por lo que los convictos por penas que se han rebajado en la actualidad se acogen a los nuevos tiempos. «Tal y como recoge el artículo 2 del Código Penal toda ley favorable al reo tiene retroactividad. Al igual que hay irretroactividad cuando la modificación es desfavorable. No sé cómo van a salir de esta porque ya no se puede solucionar así como así», explica Márquez. «La ley dice que se debe valorar si se reduce la pena al reo, que se beneficiarán las penas mínimas pero ponderando las circunstancias», subraya Santiago.
¿Machismo?
Las dos abogadas coinciden en que lo más probable es que el Gobierno esté esperando antes de hacer ningún movimiento a que estas nuevas sentencias se recurran por las víctimas al Tribunal Supremo y sea este el que unifique criterio y siente jurisprudencia. En cuanto a las críticas de Igualdad a los jueces, Márquez lo tacha de «pueril y muy peligroso»: «El tribunal lo que hace, en una sentencia mínima, es revisarla y ajustarla. Se adaptan las condenas a la retroactividad, no se juzgan de nuevo los hechos», narra, y pone como ejemplo el caso señalado por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en redes sociales en el que decía que en la reducción de condena de un padrastro que había agredido sexualmente a su hijastra no se había tenido en cuenta el abuso de superioridad: «No es que el tribunal ahora lo obvie y por eso se reduzca la pena, sino que este supuesto no se incluyó en la primera sentencia por lo que tampoco cuenta ahora», remacha Márquez.
«Yo no puedo valorar si el juez es machista o no. Es imposible saber los valores de cada persona. En concreto, en los casos que hasta ahora han salido en prensa, creo que no se debería haber reducido la pena a estos tipos», insiste por su parte Santiago. «Pero evidentemente algo está pasando, alguna laguna hay», reconoce.
