El Congreso dio luz verde ayer a la primera ley que regulará en España el derecho a la eutanasia. La propuesta impulsada por el gobierno ha obtenido un amplio respaldo, con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, –solo PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro se opusieron–. Si se cumplen las previsiones, será publicada a principios del nuevo año y entrará en vigor posiblemente en marzo. “Hoy no solo empezamos a legalizar la eutanasia, sino que comenzamos el camino para que esté incluido ese derecho en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. En cuanto la ley esté aprobada, empezaremos a trabajar para que sea inmediatamente efectivo”, aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El rifirrafe político se hizo patente dentro del hemiciclo, con duras críticas de Vox. Y también frente al edificio del Congreso, donde centenares de manifestantes con máscaras de Dalí (significando la resistencia) protestaron al grito de “Queremos paliativos, no asesinos”, “Progresar no es matar” o “Sí a la vida, no a la muerte”. La Conferencia Episcopal también convocó jornadas de ayuno contra esta ley a las que en Galicia se sumó el Obispado de Ourense. La norma, que no despenaliza el ‘suicidio asistido’, se regulará así:
La medida se contempla para pacientes con “una enfermedad grave e incurable”, con un pronóstico de vida limitado, y para las personas “con una incapacidad grave crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables” –que les impide valerse por sí mismos de manera permanente y no tiene pronóstico de mejora–. Los solicitantes, que tienen que ser conscientes, deberán pedir la ayuda para morir explícitamente, ser mayores de edad y tener nacionalidad española o residencia legal en España.
La solicitud debe formularse dos veces, con 15 días de diferencia. Es decir, son precisos dos informes médicos: primero el del médico de la unidad o referencia del enfermo, que habitualmente le trata; luego, de otro doctor independiente –sin relación alguna con el caso del solicitante– que ratifique la ‘idoneidad’ del enfermo de acogerse a los supuestos que plantea la ley. También así se podrá garantizar un plazo de reflexión al afectado tras recibir la información médica sobre “su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita”. El paciente deberá confirmar su intención. También después de la segunda solicitud debe haber una reunión médico-paciente para asegurar que este sabe lo que pide. Con esta ya serían cuatro las veces que el paciente debe confirmar su voluntad, y todas deben quedar reflejadas en su historia clínica. Después de que la comisión de evaluación apruebe el procedimiento, el paciente deberá volver a asentir. El enfermo podrá revocar la petición en cualquier momento.
Un proceso que siga todos los pasos tendrá primero un periodo de 15 días entre las dos solicitudes del paciente. Después, 24 horas hasta que el médico responsable consulte con un especialista ajeno al caso. Este tendrá hasta 10 días para contestar. Luego podrán pasar hasta tres días hasta que se comunique a la comisión de garantías. La dirección de la comisión podrá tardar otros dos días en nombrar a los expertos que van a evaluar la petición, y estos tendrán otros siete para decidir y dos más para comunicar al presidente de la comisión su resolución. En total, pueden pasar como máximo 40 días desde la primera solicitud hasta que el médico reciba el visto bueno.
Existirá una comisión de control y evaluación en cada una de las comunidades autónomas. La ley establece que su composición deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico y juristas. Cada una de las solicitudes tendrá que ser analizada de forma singular por esta comisión, que revisaría los dos informes médicos previos.Si están de acuerdo, el proceso seguirá adelante. Si no, deberá decidir el pleno de la comisión. Una vez que esta decida que la petición está justificada, se lo comunicará al médico responsable para que proceda a aplicar la eutanasia.
La última encuesta de Metroscopia, de 2019, da un apoyo a la eutanasia del 87% de la población, con mayoría favorable en todos los cortes de la encuesta, incluidos votantes de derecha y católicos practicantes. Entre los sanitarios, las últimas encuestas (colegios de médicos de Bizkaia, Madrid, Tarragona y Las Palmas y de enfermería de La Rioja) le dan apoyos de más del 65%. Por el contrario, la Organización Médica Colegial se ha manifestado en contra, igual que la Iglesia católica y el Comité Español de Bioética. Eso sí, la ley fija: “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”.
“Se podría llegar a un ‘turismo eutanásico’ por comunidades”
Los escollos de esta nueva ley radican para los responsables de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Galicia en la composición y funcionamiento de la Comisión de control y evaluadora. Al estar sus miembros elegidos por la Xunta, temen un “maremagnum burocrático que impida la aplicación del derecho de la eutanasia”. O incluso, “se podría llegar al turismo eutanásico entre comunidades, lo que ya pasó con el aborto al aplicarse en unas sí y otras no, en función de su color político”, advierte la presidenta, Ascensión Cambrón. Después de 36 años luchando por ver una regulación de la eutanasia, ayer vivieron una jornada de celebración en las principales ciudades, pero entienden que esta ley es aún demasiado “garantista”.
En Galicia existe la Ley de muerte digna (Ley 5/2015, de 26 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales), pero ambas constituyen dos debates jurídicos y sanitarios diferentes.
España se convierte en el sexto país del mundo que reconoce el derecho a una muerte digna, tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.
“Si me llega la hora, la pediré”
El gallego Xesús Vázquez, tras tres años con ELA: “No hay duda de que hay vida antes de la muerte; lucharemos lo que podamos”
Tiene dos hijas, una mujer enfermera, un humor excelente y las ideas muy claras. El graduado social gallego Xesús Vázquez lleva tres años conviviendo con la imposición física de una esclerosis lateral amiotrófica como la que postró lentamente el cuerpo del brillante científico Stephen Hawking en una silla, aunque nunca lograse nublar su mente. Pero Xesús tiene claro a sus 56 años que algún día la enfermedad podría afectarle a los músculos de la deglución o impedirle coger aire.
Llegado ese punto, tiene claro lo que haría: la eutanasia es su plan B. “Ahora tengo el movimiento muy limitado, pero estoy hablando contigo y puedo respirar por mí mismo. En el momento que eso cambie, podría contemplar acogerme a esta nueva ley”, explica. “En agosto cumpliré cuatro años con la enfermedad. Y si me llega la hora, solicitaré la eutanasia”, avanza
“No son problemas religiosos, ni morales; es una decisión individual”
Aficionado a la filosofía elige, irónico, una frase que define su pensamiento: “No hay duda de que hay vida antes de la muerte. Lucharemos lo que podamos mientras estemos aquí”. También defiende el derecho a rendirse, a decir ‘hasta aquí’. Ahora mismo tiene soporte (mucho) familiar y de la Asociación Agaela. Se trata de una decisión “individual” y personal, reivindica. “No son problemas morales. Tiene que haber una ley que lo regule y quien debe decidir es cada persona”.
“Con la enfermedad que tengo, personalmente, no me gusta que haya que decir en un plazo de un mes hasta cuatro veces que sí se quiere la eutanasia”, asegura. Consciente de que para la aplicación de la ley –la constitución de la Comisión evaluadora– dependerá de las comunidades autónomas, Xesús Vázquez espera a ver “cómo lo hace a la Xunta”.
“Yo particularmente estaba esperando a ver si daban pasos adelante. Aún hace relativamente poco que el pleno del Congreso votó la toma en consideración”, relata desde su domicilio de A Coruña. Hasta ahora y a pesar del COVID, ha podido salir de casa y mantener cierta vida social. “Tengo el cuerpo con una movilidad muy limitada”.
“Con la enfermedad que tengo, quería tener un plan B que regula esta ley”
Aunque no se muestra –ni quiere– como un símbolo de esa lucha, Xesús Vázquez ha defendido la eutanasia públicamente. Sus hijas le ayudaron a hacer un vídeo, que subió hace meses a una red social para concienciar sobre la necesidad de legislar la muerte digna. Reivindicaba la ley que acaba de ver la luz. Y lo hizo tras conocer a personas en su misma situación, por enfermedad o accidentes de tráfico. “Lo que me movió a hacer el vídeo fue darme cuenta de la hipocresía de los partidos de derecha sobre este tema. Las declaraciones de Casado me encendieron bastante a nivel personal”, reconoce. “La otra opción es salir a otro país a hacerlo...”
De hecho, aprovechó –como otros activistas en Madrid– la aprobación de la ley para rendir homenaje a personas que a lo largo de los años han luchado por el reconocimiento de este derecho, desde Ramón Sampedro a María José Carrasco.
