En circunstancias normales los servicios de Emprego de la Xunta tramitan en torno a una docena de expedientes de regulación de empleo cada mes. En los últimos quince días, tras la declaración del estado de alarma en España por la crisis del coronavirus Covid-19, han pasado por sus manos 30.463, solo hasta el mediodía del viernes. Han sido más de 250 por hora de trabajo, un volumen descomunal que ha desbordado la capacidad del sistema en toda España. También en circunstancias normales la ventanilla del Servicio Público de Empleo (SEPE) para tramitar las prestaciones se cierre los 21 de cada mes, para garantizar el pago de los subsidios el día 10 del mes siguiente. Pero aunque se haya alargado al máximo, y aunque en marzo estuvo abierta hasta el día 31, no ha sido posible resolver todos los expedientes. En torno a la mitad de ellos no han sido aprobados, de modo que los trabajadores afectados -de los ERTE no validados todavía- deberán esperar al 10 de mayo para ingresar la prestación por desempleo, advierten fuentes sindicales.
De acuerdo a los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico se resolvieron en Galicia más de 17.000 solicitudes de ERTE, la mayor parte por causa de fuerza mayor. Las mismas fuentes no pudieron precisar cuántos empleados están incluidos en esta partida, y por tanto cuántos no ingresarán la parte proporcional del subsidio de desempleo por los días que no pudieron ir a trabajar en marzo. En los últimos días, además, varias entidades financieras informaron de que, al igual que habían hecho con las pensiones, también estaban en disposición de adelantar el pago de la prestación por desempleo a aquellas personas que lo necesiten. Pero igualmente "hay que esperar al procedimiento y la autorización individual", matizan desde el sindicato CC OO, para acceder a esta oferta. Desde las centrales valoran la intensa actividad de los servicios públicos de Emprego ante una cantidad tan ingente como inaudita de expedientes de regulación.
¿Qué se cobra?
Aunque no es posible determinar cuántos empleados están entre esos ERTE no aprobados todavía, es preciso acotar otras cifras. A 31 de marzo, cuando entraron en el sistema los expedientes para abonar las prestaciones de abril, la Xunta había contabilizado 27.797 empresas en esta situación, con 145.656 trabajadores afectados. Necesariamente los empleados de los ERTE que se formularon a continuación no podrán cobrar la parte del subsidio la semana que viene. ¿Qué es lo que percibirán? Para un operario, por ejemplo, cuya empresa hubiese tenido que cerrar por el estado de alarma el 15 de marzo, deberá recibir una nómina por importe de los días trabajados, y la parte proporcional de los complementos. Los demás días quedarán cubiertos por el sistema público, que paga a mes vencido. Si ese mismo operario está incluido dentro de los ERTE que no se han aprobado todavía, es uno de los que tendrá que esperar al 10 de mayo.
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El Ejecutivo central tampoco ha ofrecido datos de los ERTE ya ratificados a nivel nacional, de los más de 450.000 cursados entre todas las comunidades autónomas y el propio Ministerio de Trabajo. En suma, implican la suspensión de empleo de más de 2,6 millones de personas, con Cataluña (603.105) como la más afectada. De inicio el Gobierno central había dado la orden a las empresas de cursar la presentación de sus ERTE por causa de fuerza mayor en un plazo de cinco días, pero se ha visto obligado a relajar los plazos. "Se está recibiendo un volumen de expedientes que hace difícil su tramitación electrónica y conducen a una saturación de los sistemas disponibles en la Administración General del Estado (Registro Electrónico Común), y en el propio SEPE", reza una comunicación remitida este viernes a las comunidades. "Nos encontramos ante una situación -continúa- en la que el incumplimiento de los plazos está originado en causas ajenas a la voluntad de la empresa, por lo que se ha de entender que este retraso no debiera ser constitutivo de infracción". Las sociedades que excediesen esos cinco días de plazo se exponían a una sanción grave, en base a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. "La no presentación en plazo por causas ajenas a la voluntad de la empresa, como está sucediendo, no sería sancionable", repite la misma nota, a la que ha tenido acceso FARO.
Solo las grandes empresas de automoción han anunciado en estas últimas semanas expedientes reguladores para más de 57.000 trabajadores. Entre ellas PSA-Vigo, con 7.400 empleados afectados; Renault, cuyo ERTE suspende el contrato de 11.649 personas tras haber parado la producción en sus cuatro plantas en España; o Seat, que ha recortado de manera temporal el empleo de 14.812 operarios. El cierre de tiendas en el sector textil ha provocado un aluvión de ERTE en empresas como el Corte Inglés, Mango, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, El Ganso, Primark, Desigual, Calzedonia, Tendam, H&M, que reúnen unas 72.000 personas afectadas. Inditex había congelado su expediente de suspensión en previsión de que el estado de alarma no se prorrogara más allá del 25 de abril.
