Los periodistas de "Diario de Mallorca", Europa Press y Efe a quienes les incautaron móviles y ordenadores e investigaron sus llamadas telefónicas en el marco del 'caso Cursach', recogieron ayer el premio 'Vete a hacer puñetas' que la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) dedica este año, en su octava edición, al juez que ordenó los registros de las sedes de estos medios de comunicación. Acijur considera que esta actuación acordada por el juez instructor de Palma de Mallorca Miquel Florit en diciembre supone "una clara vulneración del secreto profesional, cuyo fin último es la libertad de información y la existencia de una opinión pública libre tan esencial en un Estado Democrático de Derecho".
Los presentadores de los premios, Paco Muro y la presidenta de la asociación, Patricia Rosety, han reconocido que este año no han "sobrado" candidatos a este premio, pues en la lista se encontraban el tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó la sentencia contra 'La Manada', no por su contenido, sino por su "lamentable forma de expresarse"; la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por "poner en riesgo la credibilidad y confianza" del alto tribunal al cambiar de criterio sobre el impuesto de las hipotecas; o la jueza de violencia de género que preguntó a una víctima si "había cerrado bien las piernas" para evitar una violación.
Reconocimiento irónico
Finalmente han decidido otorgar este reconocimiento, de tono irónico, al titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, quien "no ha pedido disculpas, ni explicado el error" por haber ordenado que los agentes de la Policía entrasen en la sede de Europa Press en dicha localidad el pasado 11 de diciembre para que se incautasen varios documentos, el teléfono móvil de la redactora Blanca Pou, un 'pendrive' y dos ordenadores a raíz de una información publicada sobre el 'caso Cursarch'.
Ese mismo día también requisaron el móvil al periodista Kiko Mestre, de "Diario de Mallorca", periódico que pertenece a Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial que FARO.
Posteriormente se conoció que este mismo juez instructor también investigó las llamadas telefónicas realizadas desde la sede de Efe en Mallorca, así como de la periodista encargada de cubrir la información sobre este caso de corrupción.
