De las aproximadamente 800 solicitudes de protección frente a la violencia de género que se generan cada año en Asturias se estima en números redondos la mitad. El Principado es junto a Cataluña la autonomía con menor tasa de concesión de estas solicitudes. En España se piden unas 33.000 órdenes de protección cada año y se estiman seis de cada diez.
Los datos sirven para contextualizar el varapalo que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) dio ayer a España por actuar de manera negligente en la protección de una víctima española de violencia machista, y de su hija, de 7 años, asesinada por el padre en 2003 en una visita sin supervisión.
La organización Women's Link Worldwide había presentado ante la ONU una demanda en septiembre de 2012 en nombre de Ángela González, madre de la menor, quien estuvo más de diez años pleiteando en varios tribunales de justicia sin éxito.
González había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, aunque la menor fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor, según señaló ayer la ONG.
