El decomiso de vehículos implicados en delitos de tráfico pretende ser un «sustitutivo» de la prisión para los infractores, ya que la cárcel es siempre «lo último que un fiscal desea». Así lo manifestó ayer el fiscal coordinador de Seguridad Vial Bartolomé Vargas en relación a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en diciembre.
Vargas añadió que la pena de cárcel es una medida «muy rigurosa» que debe quedar «reservada» a los casos «muy graves». Y es que el número de personas que cumplen prisión en España por cometer un delito contra la seguridad vial se ha multiplicado por cinco desde enero de 2009. De 200 detenidos por este motivo se ha pasado en un año a más de mil. A esta cifra hay que sumar los aproximadamente 500 reclusos en Cataluña, la única comunidad con competencias propias en materia de cárceles.
Por tipo de delitos, el más común es el de conducir sin permiso, por lo que permanecen en prisión 352 personas, un 35,6 por ciento de los reclusos relacionados con la seguridad vial. Seguido de la conducción bajo la influencia de alcohol o drogas (28,3 por ciento), conducción temeraria (23,9 por ciento), negarse a someterse a una prueba de alcohol o drogas (5,9 por ciento), conducir con manifiesto desprecio por la vida (4,1 por ciento) y velocidad excesiva (2,6por ciento).
Vargas señaló que en 2009 aumentó la incoación de procedimientos penales por delitos contra la seguridad vial alrededor del 26 por ciento, siguiendo la progresión en aumento desde que se reformó el Código Penal en 2007. Además, remarcó que hasta un 25 por ciento de los conductores controlados habían consumido algún tipo de droga antes de sentarse al volante. En total, en 2009 se realizaron 109.768 procedimientos penales por delitos contra la seguridad vial.
Además aseguró que la Fiscalía perseguirá a los «acosadores» viales y, cuando su conducta sea delictiva, considerará su actitud como «conducción temeraria», un delito castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión. En la presentación de un balance sobre la actuación de la Fiscalía de Seguridad Vial, Vargas explicó que estos «acosadores», que van «pegados» detrás de otros vehículos, provocan una situación de «presión y hostilidad con alteración psicológica» que genera «graves riesgos de pérdida de control de la conducción».
Vargas explicó como el uso de inhibidores de radar o trucar el tacógrafo son causas objetivas para el decomiso del vehículo, junto a la reincidencia, la gravedad de la pena, el «tuneaje» del vehículo o la ocultación de matrícula, entre otros.
También dijo que los fiscales deben tener en cuenta el valor económico de un vehículo antes de incautarlo. «Se decomisa más fácilmente un vehículo de 10 años que tiene menor impacto económico que uno que tiene gran valor» explicó el fiscal. Además, prevé la creación de un Fondo de Vehículos Decomisados que regule su depósito y venta, cuya recaudación espera que «revierta» en la sociedad, en forma de «educación, tutela de víctimas y programas de reinserción», afirmó Vargas ayer. Mismo día en que el Real Automóvil Club de España publicó un estudio basado en datos de la Dirección General de Tráfico, según el que el 45 por ciento de los conductores españoles padece problemas visuales.
