La Diputación de Pontevedra está ya articulando medidas de carácter económico para tratar de paliar los efectos de la grave crisis que está provocando el Covid-19 también entre la economía del tejido empresarial y en los bolsillos de todos los pontevedreses. Así, las jefaturas de todos los servicios administrativos del ente provincial recibieron esta mañana la instrucción de agilizar al máximo la tramitación del pago de todas las obligaciones con proveedores y empresas con el objetivo de ayudar a garantizar la liquidez empresarial.
Con todo, la Diputación es ya una de las administraciones más rápidas del Estado en pagar a proveedores, con una media de 10 días el pasado diciembre.
Por otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia publicó las bases modificadas de las ayudas básicas de emergencia de la Diputación para la población más vulnerable. Ante la situación de crisis provocada por la pandemia, el gobierno que preside Carmela Silva decidió esta misma semana modificar las bases de estas ayudas para permitir a los concellos de menos de 20.000 habitantes solicitar ya el 100% del importe y atender a las necesidades de sus vecinos.
En concreto, esta línea de ayudas va a beneficiar a personas en situación de riesgo o de exclusión social, principalmente con menores a su cargo, personas con diversidad funcional o dependientes, y cubrirá, entre otros, gastos de alimentación, vivienda, pago de recibos, productos de higiene o limpieza, farmacéuticos, infantiles y sanitarios.
Si las dos primeras actuaciones tenían como objetivo intentar ayudar al tejido empresarial y a los sectores de la población más desfavorecidos, la Diputación activó una tercera medida que tiene como objetivo garantizar la liquidez de los Concellos para afrontar esta situación de crisis sanitaria. De esta forma, la presidenta de la Diputación confirmó la creación de un fondo de liquidez por importe de 21 millones de euros del que se podrán beneficiar todos aquellos municipios que tengan delegadas las competencias de cobro de tasas e impuestos municipales. De hecho, se está trabajando en la elaboración de una normativa que permita adelantar a los ayuntamientos, de forma extraordinaria, la integridad de la recaudación que fue realizada en 2019 que son 19 millones más estos tres como anticipo de la recaudación del impuesto de vehículos. La Diputación quiere que los concellos tengan garantizada la integridad del anticipo mensual aunqeu el cobro de tasas y tributos a la ciudadanía esté aplazado por la crisis sanitaria.
