Los técnicos citados como testigos por Audasa -en el proceso por cobro abusivo del peaje durante las obras de ampliación del puente de Rande-, negaron que se produjeran retenciones destacables durante los trabajos realizados en la autopista entre febrero de 2015 y junio de 2018, más allá de las "normales" en períodos estivales o accidentes.
Los cuatro primeros testigos llamados a declarar en el juicio iniciado ayer en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra fueron propuestos por la concesionaria de la autopista AP-9 y coincidieron en declarar que durante las obras los tráficos eran "fluidos" y no supusieron molestias destacables para el conductor.
Sin embargo, el jefe de Carreteras del Estado en Pontevedra admitió que durante unas mediciones realizadas durante cuatro días de mayo de 2018 -a raíz de las informaciones publicadas por los medios de comunicación- se constataron retrasos "de 6 minutos máximo" en el enlace de la autopista con la autovía do Morrazo y que la demora máxima en todo el tramo entre Vigo y Pontevedra podría rondar los 10 minutos, que solo se superaría "en momentos puntuales".
El abogado de la plataforma de afectados En Colectivo apuntó que este retraso supone un aumento del 400% sobre el recorrido.
Estas mediciones de tráficos se hicieron "porque había revuelo en prensa" -dijo el responsable de Carreteras-, quien también afirmó que "no tengo constancia" de que hubiese quejas de usuarios.
El fiscal mostró a este testigo una información publicada por FARO DE VIGO para preguntarle si el tráfico que se observaba en la fotografía le parecía fluido, a los que respondió que "no, no es fluido".
El ministerio público preguntó también al técnico si las condiciones de la vía eran las mismas durante las obras, admitiendo en su respuesta que las condiciones "varían". Este responsable de Carreteras señaló en varios momentos que el conductor tiene acceso a información sobre el estado de la vía y que debe conocer los itinerarios por los que se dispone a circular.
La concesionaria de la AP-9, Audasa, está acusada por la Fiscalía de prácticas abusivas, por mantener el cobro íntegro de la tarifa ordinaria a pesar de las restricciones permanentes de tráfico que afectaron a la circulación de forma "relevante y constante" durante estas obras. Durante los trabajos de ampliación del puente de Rande se realizaron 77 millones de desplazamientos y se recaudaron unos 90 millones de euros por esa tasa.
Sin embargo los testigos llamados a declarar por Audasa no apreciaron problemas destacables en aquellas fechas. "El tráfico era mayormente fluido", afirmó el director del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste de la DGT, respecto a las jornadas de mayo de 2018, en las que tanto la Fiscalía como las asociaciones de consumidores y usuarios, así como clientes a título particular, sostienen que se produjeron unas retenciones que deberían haber repercutido sobre el precio cobrado.
202 incidentes
Este responsable de la DGT afirmó que las retenciones eran "las normales" de la vía, y consideró "muy improbable" que las cámaras instaladas por este departamento en la autopista (5 en el ámbito del puente de Rande) no hubiesen detectado los 202 incidentes relatados por la Fiscalía.
A preguntas de la Asociación de Consumidores Adicae, este técnico admitió que la DGT no tiene "monitorizada" la rotonda de Domaio, de acceso a la AP-9 desde Vilaboa y desde Cangas, donde en aquellas fechas se habrían producido también largas retenciones.
Junto a la Abogacía del Estado y los dos letrados que representan a Audasa, se sientan en este tribunal 8 abogados de usuarios a título particular, Adicae y la demanda de la plataforma En Colectivo, que estiman que durante aquellas obras de ampliación del puente de Rande la concesionaria de la AP-9 cobró por un servicio que prestó de manera deficiente, ya que se produjeron atascos y retenciones que no supusieron ninguna merma en el precio del peaje. Sin embargo, ante las preguntas de la Fiscalía, quedó claro que los carriles disponibles para la circulación en el período de obras no eran los mismos que sin ellas, pese a que el coste del trayecto sí era el mismo.
Los técnicos y testigos de Audasa admitieron además que la concesionaria solo levantó las barreras del peaje el día que se produjo el incendio de la fábrica Fandicosta, en Domaio, cerca de un acceso a la autopista.
El director técnico de la empresa que proyectó las obras de ampliación del puente de Rande aseguró que por norma general se mantuvieron en todo momento dos carriles por cada sentido de circulación, excepto en momentos "muy puntuales" y normalmente en horario nocturno.
Otra cuestión en la que se incidió en los interrogatorios fue la señalización de las obras y las advertencias de retenciones a los usuarios de la vía. Un responsable de la sala de control de la autopista indicó que Audasa no informaba a los conductores sobre las retenciones antes de entrar en la autopista, ni se indicaban posibles desvíos, ya que no es responsabilidad de la concesionaria.
